Críticas a los sindicatos principales por descuidar a los empleados públicos en la reforma de la jubilación anticipada

VALLADOLID, 22 de mayo.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha hecho un llamado al Gobierno central para que se intensifique la Inspección de Trabajo en Castilla y León, donde se registran aproximadamente 190,000 horas extras anuales. Aseguran que esto es crucial para establecer una reducción de jornada que sea realmente efectiva.

El presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, ha señalado que las administraciones públicas están enfrentando un déficit de personal, lo que también afecta a la Inspección de Trabajo, la cual necesita más recursos. Recordó que este Gobierno ya ha experimentado huelgas por parte de inspectores, lo cual evidencia la necesidad de un refuerzo. “Si no actuamos, la reducción de jornada a 37,5 horas se convertirá en mero discurso”, afirmó Castro antes de asistir a un evento autonómico destinado a analizar las novedades legislativas laborales.

Castro resaltó que en la región se llevan a cabo alrededor de 190,000 horas no remuneradas por parte de los trabajadores, lo que respalda su demanda de incrementar la Inspección para asegurar que la reducción de jornada sea efectiva.

Por su parte, Pedro Poves, secretario del sector nacional de Empresa Privada de CSIF, ha solicitado la integración inmediata de la jornada de 37,5 horas en el Estatuto del Trabajador. “No hay inconveniente en reducir la jornada a 37,5 horas semanales. Es una reclamación social justa que no debe implementarse sin antes reforzar la Inspección de Trabajo. Necesitamos combatir la economía sumergida y las horas extras fraudulentas”, advirtió Poves.

En este contexto, Poves ha criticado a los "sindicatos mayoritarios" por descuidar a los empleados públicos en la reforma de jubilación anticipada. Aseguró que todos los tipos de jubilación anticipada están fracasando y planteó la necesidad de revisar la reforma que afecta al sector público, ya que la situación actual parece inalcanzable para estos trabajadores.

Poves también ha manifestado la importancia de reducir el coeficiente que afecta la edad de jubilación. “Es fundamental que sectores como el sanitario, los conductores de ambulancias y autobuses, los vigilantes de seguridad, y aquellos dedicados a la recogida de residuos, cuenten con un coeficiente reductor que les permita acceder a la jubilación ordinaria de manera anticipada y sin perjuicio de su pensión”, agregó.

Finalmente, lamentó que la reforma relacionada con la edad de jubilación esté vinculada a un problema de financiamiento. Aclaró que las jubilaciones parciales anticipadas suponen un costo considerable, actualmente en torno al 11% del PIB, cifra que podría aumentar al 16 o 17% en tres años. “Este costo es demasiado elevado, y al mismo tiempo, estamos ignorando la demanda social. Los trabajadores valoran más una sociedad que promueva el ocio y la conciliación familiar que una centrada únicamente en la productividad. Es fundamental escuchar sus necesidades”, concluyó Poves.