VALLADOLID, 5 de junio.

La Junta de Castilla y León ha decidido presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reciente medida del Gobierno central, que implica la reubicación de menores migrantes no acompañados entre diversas comunidades autónomas. Según los responsables del Ejecutivo regional, esta acción infringe competencias exclusivas que la Comunidad tiene sobre la protección y la tutela de estos menores.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, expuso que esta iniciativa legal, que se elevará al Tribunal Constitucional, refleja el desacuerdo de la comunidad con un decreto que consideran es un reparto que se realiza de manera "unilateral, forzada y discrecional".

En su argumentación, el Gobierno autonómico sostiene que la medida vulnera hasta diez artículos de la Constitución Española, fundamentando su posicionamiento en siete causas diferentes que destacan la improcedencia de dicha decisión gubernamental.