En la Comunidad de Castilla y León, el gobierno regional enfrenta una creciente presión ante la situación de casi 200 menores refugiados que actualmente están bajo su cuidado. La administración se ha declarado al borde de su capacidad operativa, sugiriendo que las instalaciones y recursos disponibles pueden no ser suficientes para atender adecuadamente a esta población vulnerable.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha tomado medidas legales frente al real decreto que establece el reparto de menores migrantes, aprobado recientemente en el Consejo de Ministros. Según Mañueco, esta decisión se ha tomado sin la debida consulta previa y debe ser gestionada de manera consensuada, enfatizando que la inmigración no debe ser impuesta, sino acordada.

En declaraciones a la prensa, el presidente autonómico ha criticado abiertamente al mandatario nacional, Pedro Sánchez, acusándolo de utilizar la cuestión de la inmigración como un medio para afianzar su poder. Para él, los asuntos relacionados con la inmigración son de vital importancia y deberían considerarse como una verdadera cuestión de Estado.

A pesar de las dificultades, Mañueco subraya que Castilla y León ha demostrado una postura solidaria a lo largo del tiempo. Ha asegurado que su administración se mantiene firme en su compromiso con los valores de acogida, siendo consistente en el tratamiento de los menores no acompañados. Sin embargo, ha advertido que el sistema está llegando a su límite y ha reiterado que debe siempre garantizarse el bienestar de estos niños, evitando que se encuentren en situaciones de hacinamiento o en condiciones inadecuadas.