VALLADOLID, 29 de abril. La localidad ha sido escenario de un importante pronunciamiento por parte de Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda, quien ha enfatizado el papel proactivo de la Junta durante el reciente corte eléctrico. En su intervención, arremetió contra el “apagón informativo” del Gobierno central y exigió una mayor transparencia respecto a los hechos ocurridos, así como la implementación de soluciones efectivas.

Este mensaje fue transmitido por Fernández Carriedo antes de un encuentro con directivos de CEOE Castilla y León, donde también participó su presidente, Santiago Aparicio. La temática central de la reunión giró en torno a la internacionalización y las medidas necesarias para afrontar el actual contexto de aranceles y egoísmo comercial en las exportaciones.

El consejero subrayó que el Gobierno autonómico demostró su capacidad de liderazgo al asumir las competencias que le corresponden, y mantuvo la operatividad de los servicios públicos incluso en circunstancias adversas. “La sanidad funcionó, los hospitales permanecerían abiertos y los centros de servicios sociales ofrecieron apoyo a los más vulnerables”, afirmó.

Fernández Carriedo destacó también que los colegios reabrieron sus puertas para continuar brindando educación en la comunidad, y aprovechó la oportunidad para expresar su agradecimiento a los profesionales del sector, policías y bomberos, quienes desempeñaron un papel crítico en el mantenimiento de estos servicios esenciales durante una crisis tan complicada.

A pesar del éxito en la gestión de esta emergencia, el consejero se mostró cauteloso y aseguró que el Ejecutivo autonómico está monitorizando de cerca la situación de los servicios públicos, garantizando su funcionamiento a pesar de los contratiempos.

En cuanto a la recuperación del sistema eléctrico, Carriedo precisó que las zonas más cercanas a las fuentes hidroeléctricas, como Zamora y Salamanca, fueron las primeras en restablecer el suministro. En contraste, otros lugares, como Ávila y Segovia, enfrentaron mayores dificultades, retrayendo la normalización de los servicios en esa área.

Respecto a la gestión de la crisis, el consejero defendió la activación del nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil, considerando que resultó adecuada para abordar las serias complicaciones que surgieron en hospitales, residencias y colegios debido al apagón.

Sin embargo, reconoció que el impacto económico fue considerable, afectando tanto a la producción industrial como a las ventas en el sector servicios y generando pérdidas de materias primas en la agricultura y la alimentación. La CEOE estimó que las repercusiones del apagón podrían equivaler a un descenso del 0.1% en el Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León, lo que se traduce en pérdidas de alrededor de 70 a 80 millones de euros.

Fernández Carriedo hizo hincapié en que uno de los mayores efectos negativos fue la afectación a la imagen de España como destino seguro para los negocios, subrayando la necesidad de que el Gobierno central tome medidas para restaurar la confianza en el suministro energético y las comunicaciones.

Finalmente, el consejero instó al Gobierno a realizar un esfuerzo significativo para aclarar la situación y presentar soluciones a largo plazo. Asimismo, recalcó la importancia de diversificar las fuentes de energía, priorizando la inversión en infraestructuras energéticas y promoviendo un consumo más local. En relación a la energía nuclear, Fernández Carriedo destacó la necesidad de considerar todas las opciones disponibles por sus respectivas condiciones y ventajas.