Crónica Castilla y León.

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Defensa firme de la PAC y el principio de despoblación en declaración oficial.

Defensa firme de la PAC y el principio de despoblación en declaración oficial.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, María González Corral, ha firmado una declaración institucional junto a representantes de las principales organizaciones agrarias en la región. Este acuerdo, firmado el miércoles en Medina del Campo, establece las prioridades para la futura Política Agrícola Común (PAC), destacando la necesidad de mantener los dos pilares fundamentales y aumentar las asignaciones de los fondos FEAGA y FEADER.

Durante el Consejo Regional Agrario, se presentó un conjunto de 19 propuestas encuadradas en esta declaración. En particular, se subraya la importancia de que el próximo marco financiero considere el despoblamiento, obligando a los Estados miembros a seguir este criterio para mejorar la territorialización de los fondos disponibles.

Los firmantes enfatizan la urgencia de que, para 2025, se implementen medidas de simplificación en la PAC, con un enfoque particular en reducir la complejidad de las condiciones para acceder a las ayudas. La intención es que la futura política agrícola priorice una notable disminución de la burocracia que actualmente afecta a los agricultores.

La Junta, en colaboración con las organizaciones agrarias, sostiene que es esencial que las normativas sean transparentes y estables para que el sector pueda adaptarse a los nuevos desafíos. Además, consideran que las iniciativas de protección ambiental no deben sacrificar la capacidad productiva del sector, defendiendo la necesidad de que estas regulaciones sean motivadoras en lugar de restrictivas.

Otro de los puntos críticos abordados es la incorporación de jóvenes al entorno agrícola, destacándolo como una preocupación estructural clave. En este sentido, proponen desarrollar medidas atractivas en el ámbito de los pagos directos y de desarrollo rural, creando así un ambiente propicio que permita atraer nuevo talento al sector.

Las organizaciones agrarias también han solicitado que se establezcan mecanismos legales que aseguren precios justos para los productores, insistiendo en que estos deben ser superiores a los costos de producción. Es fundamental, según argumentan, reforzar el principio de reciprocidad en los productos importados y sus métodos de producción.

En el ámbito europeo, los firmantes piden la implementación de un sistema de garantías que brinde coberturas y ayudas suficientes para resguardar las rentas agrícolas, lo cual será vital para mantener el atractivo del sector, especialmente para los jóvenes. También proponen estrategias que impulsen la innovación y la digitalización dentro de la agricultura, y abogan por un tratamiento específico para las regiones del sur de Europa, con el apoyo necesario para desarrollar infraestructuras hídricas en estas áreas.

Además, subrayan que la PAC debe centrarse en el agricultor profesional, entendiendo esta figura como aquella que obtiene una parte sustancial de sus ingresos del trabajo agrario. También deben tomarse en cuenta aspectos como la afiliación a la Seguridad Social y las condiciones fiscales asociadas a la actividad agrícola.

Finalmente, los firmantes han rechazado la introducción de medidas que limiten los pagos, a excepción de aquellas que beneficien de manera concreta al agricultor profesional. Hacen un llamado a que se respete a las explotaciones asociativas y las estructuras jurídicas que generan empleo, priorizando el apoyo a las que se encuentran en áreas con limitaciones significativas.

Por último, insisten en la necesidad de un sistema que reconozca económicamente a los agricultores y ganaderos por su papel en la reducción de emisiones, dejando claro que la PAC del periodo 2028-2034 debe incluir las medidas necesarias para asegurar la sostenibilidad económica, social y medioambiental del sector en Castilla y León.

La consejera, tras la firma del documento, ha destacado que el objetivo es comunicar al Ministerio de Agricultura y a la Unión Europea las necesidades del sector agrícola en la región, reafirmando la existencia de diálogo y colaboración con las organizaciones agrarias, todos unidos en la defensa del futuro del campo.