La reciente operación conjunta entre la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha desvelado uno de los más significativos escándalos de fraude fiscal en el ámbito de los hidrocarburos. La investigación, que se centra en la empresa Biomar Oil, ha llevado al descubrimiento de un taller clandestino de armas en una residencia de Ávila. En este lugar se encontraron 44 armas, muchas de ellas alteradas y con números de serie borrados, además de munición militar y un vehículo blindado con un cañón ametrallador de gran calibre.

Hasta ahora, las autoridades han estimado que el fraude fiscal relacionado con esta operación alcanza aproximadamente los 300 millones de euros, acumulados entre los años 2023 y 2024. Esta cifra alarmante pone de manifiesto la magnitud de las irregularidades en el sector.

Como resultado de estas investigaciones, se han llevado a cabo detenciones de ocho individuos, y diez más están siendo investigados por la Audiencia Nacional. Las acusaciones incluyen delitos relacionados con blanqueo de capitales, violaciones a la Hacienda Pública, pertenencia a una organización criminal y tenencia ilegal de armas.

Los registros efectuados durante esta operación han resultado en la incautación de más de 130.000 euros en efectivo, 167 relojes de lujo, activos financieros por más de 14 millones de euros y la congelación de cuentas que suman más de 12,5 millones de euros. También se han requisado más de 3,6 millones de litros de combustible, 60 vehículos de alta gama y 46 propiedades.

La investigación inició a principios de este año, cuando la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional detectó movimientos financieros sospechosos relacionados con empresas que operan en el sector de los hidrocarburos. Se sospechaba que estos actos pudieran estar ligados a un esquema de blanqueo de capitales muy bien organizado.

Los primeros rastreos llevaron a la identificación de una sola organización criminal detrás de dos operadoras petroleras, cuya actividad ilegal generaba una alarmante preocupación entre los competidores que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.

Al evitar el ingreso del IVA a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), esta estructura delictiva podía ofrecer gasolina y gasóleo a precios notablemente inferiores a los de aquellos que actuaban dentro de la legalidad. Este incumplimiento les confería una ventaja desleal en el mercado.

Además, la organización aparentemente no se adhería a la normativa del biocarburante, lo que implicaba un impago equivalente a 40 millones de euros por no utilizar estos servicios, dando así un amplio margen de maniobra económica para seguir operando.

Las pesquisas revelaron que la organización tenía una estructura jerárquica bien definida, encabezada por dos socios. Estos controlaban a sus directores financieros, quienes se encargaban de la gestión de cuentas y de la contabilidad. En la base de esta estructura se encontraban los trabajadores, muchos de los cuales no estaban al tanto de las actividades ilegales de la compañía.

Fuera de esta red, se hallaban los testaferros, seleccionados para prestar su identidad y asumir las responsabilidades tributarias de los operadores petroleros. Algunos de estos individuos recibieron compensaciones que ascendieron hasta dos millones de euros.

Una vez identificados los miembros principales de esta organización, las autoridades procedieron a establecer un operativo policial el 2 de diciembre, realizando simultáneamente nueve registros en domicilios y oficinas en Madrid y Ávila.