VALLADOLID, 6 de noviembre.

En un reciente fallo, la Audiencia de Valladolid ha dictado una sentencia de seis meses de cárcel y una multa de 5.400 euros contra el empresario José María C.S., acusado de causar un grave daño al medio ambiente mediante la contaminación de una parcela en Renedo. Este terreno, que anteriormente albergaba una factoría de reciclaje de escorias de aluminio, fue vendido a nuevos propietarios que tenían la intención de instalar un centro hípico, sin que se les informara adecuadamente sobre el estado del mismo.

El tribunal, en su Sesión Penal, juzgó al empresario y a dos de sus hermanos, Francisco Javier y María Flor C.S., aunque solo José María fue condenado. La fiscalía había solicitado penas más severas de cárcel para los tres, pero finalmente, tras la evaluación de la responsabilidad de cada uno, solo el hermano mayor enfrentará la pena, además de una inhabilitación de un año para gestionar actividades relacionadas con residuos.

La empresa de José María también enfrentará consecuencias, debiendo pagar una multa de 7.200 euros por los daños ambientales ocasionados, además de asumir parte de las costas del proceso. El tribunal ha determinado que su accionar empresarial causó daños significativos al suelo y al agua de la parcela, aunque no se consideraron suficientes para agravar la condena, ya que no se probó un grave riesgo al equilibrio de los ecosistemas.

Respecto a la sentencia contra sus hermanos, el tribunal concluyó que solo José María tomaba las decisiones relevantes de la empresa, lo que justificó su absolución. Ellos no estaban directamente involucrados en las decisiones que llevaron a la contaminación.

La parte acusadora, compuesta por los nuevos propietarios de la finca, se retiró de la causa tras llegar a un acuerdo de indemnización, el cual también benefició a la madre y hermana de los acusados, quienes fueron absueltas de todos los cargos. Esto se debió a que inicialmente pedían una sentencia de casi diez años de prisión para cada miembro de la familia involucrada.

Durante el juicio, José María y sus hermanos negaron haber cometido errores con respecto al manejo de los residuos en la parcela. El acusado declaró que nunca habría pensado en enterrar materiales contaminantes y explicó que asumió la empresa después de la muerte de su padre en 2006, sin conocer la situación legal de la misma.

A pesar de sus afirmaciones, Estefanía V.G., compradora de la parcela, detalló en el juicio los problemas que enfrentó al descubrir los materiales nocivos en el terreno, lo cual le impidió llevar a cabo sus planes para un centro hípico. Aseguró que el lugar estaba lleno de desechos peligrosos y reclamó justicia por los daños sufridos.

La fiscalía, que mantuvo su acusación, argumentó que el empresario realizó actividades sin la debida autorización y vendió la propiedad sin informar a los compradores sobre su estado real, lo que constituye tanto un delito ambiental como una estafa. Las pruebas fueron tomadas in situ por la Guardia Civil y analizadas por expertos del Instituto Nacional de Toxicología, quienes confirmaron la contaminación del suelo por metales dañinos.

Finalmente, la defensa solicitó la absolución, argumentando que no se había probado la relación directa de sus clientes con los desechos encontrados y cuestionando la validez de los métodos utilizados para la recolección de muestras y la cadena de custodia. La controversia se mantiene sobre la gestión de estos residuos y las responsabilidades atribuidas a cada uno de los implicados en este caso de gran relevancia ambiental.