En la Comunidad de Castilla y León, la disconformidad con la gestión educativa del gobierno regional ha crecido. Pablo Fernández, coportavoz de Podemos y procurador en las Cortes de la comunidad, ha expresado su descontento al asegurar que no se presentarán presupuestos durante más de tres años, lo que, a su juicio, perjudica la educación pública en favor de la privada. Fernández ha calificado esta situación como “inaceptable” y ha criticado las promesas del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a quien acusa de ofrecer “anuncios engañosos”.

Durante una reciente conferencia de prensa, Fernández explicó que la ausencia de un techo de gasto por parte del Partido Popular es un indicativo claro de que no se podrán financiar los compromisos anunciados por el presidente. Según él, esto representa una falta de responsabilidad y un retroceso sin precedentes para la región, gestos que atribuye a la ineficiencia del partido en el poder.

El procurador de Unidas Podemos no ha escatimado en criticas hacia Mañueco, acusándolo de lanzar promesas vacías a lo largo de varias provincias, siendo consciente de que carece de los medios económicos para cumplirlas. Además, ha puesto en tela de juicio la doble moral de los líderes del PP, señalando que mientras Feijóo plantea una estrategia para el gobierno a nivel nacional, Mañueco no aplica esas mismas medidas en Castilla y León.

Con firmeza, Fernández ha demandado que se cumpla con la obligación de presentar el techo de gasto y ha exigido los presupuestos necesarios para la comunidad. Su postura es clara: quiere que el Partido Popular asuma su responsabilidad y trabaje por el bienestar de la ciudadanía, en lugar de perpetuar la situación actual.

Hablando del inicio del nuevo año escolar, Fernández ha repetido que las políticas del PP continúan favoreciendo a la educación privada concertada a expensas de la pública. Este enfoque, según él, perpetúa la desigualdad y margina a los centros públicos.

El procurador también ha denunciado la precariedad laboral que enfrentan los docentes en la región, con una alta tasa de temporalidad que supera el 25%. A pesar de haberse prometido que esta cifra no sobrepasaría el 5%, la realidad demuestra lo contrario, creando una situación insostenible para muchos educadores.

Además, Fernández ha subrayado que el número de alumnos por clase en los colegios públicos también ha alcanzado cifras alarmantes, y ha abogado por una reducción de estas ratios a un máximo de 20 estudiantes por aula. La calidad de la educación, sostiene, se ve comprometida por el masivo hacinamiento en las aulas.

En cuanto a la financiación, ha hecho hincapié en la “infrafinanciación” que padece la educación pública, y en particular, aquella destinada a los más pequeños, de 0 a 3 años. Según su exposición, es fundamental que todos los recursos públicos se dirijan a fortalecer la educación pública, sin desviar un solo euro hacia instituciones privadas o concertadas.