VALLADOLID, 16 de septiembre. Este lunes, el Fiscal Anticorrupción, Tomás Herranz, defendió la legalidad de la investigación en el caso conocido como la 'trama eólica'. En este caso están implicados trece acusados, incluyendo a altos funcionarios de la Junta de Castilla y León y empresarios, a quienes se les atribuyen diversos delitos por supuestos acuerdos ilícitos entre 2000 y 2015 para enriquecerse a través del proceso de autorización de parques eólicos en la región. Herranz negó la validez de los argumentos sobre la prescripción de los delitos, especialmente en relación al exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, a quien acusó de haber estado involucrado en actividades delictivas de manera continua.

Durante la primera jornada del juicio, las defensas de los encausados presentaron diversas cuestiones preliminares, impugnando el informe del inspector de Hacienda Juan Tocino que dio origen a la causa penal. Solicitaron la nulidad de las actuaciones y la prescripción de los delitos imputados. Sin embargo, el fiscal Herranz respondió solicitando que se desestimaran estas peticiones y que el tribunal actuara con prudencia, sugiriendo que esperara a la finalización de la prueba testifical antes de emitir cualquier resolución.

El Fiscal Anticorrupción argumentó que la conducta de Delgado era una actividad delictiva constante, señalando que se extendía desde 2004 hasta el último acto de blanqueo de capitales que se le imputa. En sus declaraciones, Herranz reforzó la validez del informe de la Agencia Estatal Tributaria, defendiendo que su contenido no vulneró derechos fundamentales y que fue crucial para la apertura de la causa penal.

Además, Herranz explicó que el informe que cuestionan las defensas contaba con la aprobación de los servicios jurídicos de la Agencia Tributaria, quienes consideraron que los hechos debían ser enviados a la Fiscalía. Subrayó que el funcionario siguió el protocolo y que incluso, si hubiera denunciado directamente, habría tenido validez.

En lo que respecta al delito de cohecho, Herranz centró su atención en Delgado, argumentando que había evidencias de un acuerdo ilícito entre Iberdrola y ciertos representantes de la Junta, supuestamente bajo las directrices del entonces consejero Tomás Villanueva. El fiscal insistió en que no ha transcurrido el tiempo suficiente para que se considere la prescripción de los delitos implicados en el caso.

Por su parte, la abogada del Estado también respaldó la legalidad del informe tributario que condujo a la causa penal, aclarándose que se trató de una denuncia en cumplimiento de una obligación legal. Insistió en que, aunque el proceso pudo tener algunas irregularidades, contenía suficiente sustento para perseguir los delitos en cuestión, lo que se confirmará durante el juicio.

La abogada del Estado describió cómo se detectaron anomalías tanto en las operaciones monetarias como en las relaciones comerciales entre los involucrados, lo que dio lugar a la investigación. Las acusaciones particulares también hicieron uso de su tiempo en la audiencia para defender su legitimidad en el proceso, destacando los perjuicios económicos que sufrieron sus empresas a causa de la supuesta trama que detuvo sus proyectos de parques eólicos.

La siguiente fase del juicio se reanudará el 6 de octubre, momento en el cual se iniciará la presentación de pruebas testimoniales, donde se espera la comparecencia de más de ochenta testigos en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid.

La 'trama eólica' se originó cuando la Junta de Castilla y León identificó el sector de las energías renovables, especialmente el eólico, como una oportunidad para diversificar la economía regional, apoyando así a las empresas locales en la promoción de parques eólicos. El plan requería que los promotores que deseaban obtener autorización, en áreas sin competencia para sus proyectos, incluyeran una participación local cercana al 40% bajo la amenaza de no recibir la aprobación necesaria.

La autorización de los parques eólicos lidió con el requisito de asegurar dicha participación, y Delgado implementó un nuevo procedimiento administrativo, conocido como competencia por evacuación, que solo permitía avanzar a aquellos proyectos que incorporaban socios locales. El auto de la causa detalla cómo distintos empresarios fueron beneficiados por la gestión de Delgado.

El Fiscal Anticorrupción ha solicitado un total de 123,5 años de cárcel y multas que suman 850 millones de euros para los trece acusados. La condena más severa está dirigida a Rafael Delgado, quien enfrenta 42 años de prisión y una multa de 239 millones de euros, acusado de ser el lider de la trama bajo las indicaciones de Villanueva, ya fallecido. También se mencionan a los empresarios Alberto Esgueva y Germán José Martín Giraldo, quienes enfrentarían 12 años de prisión, y a otros implicados con penas significativas y multas considerables.