La Fiscalía de Valladolid ha solicitado un total de 206 años de cárcel para las 24 personas investigadas en la 'Operación Ignis', destapada por la Policía Nacional en enero de 2009. La operación está relacionada con el supuesto fraude en el Grupo Funerario El Salvador, consistente en el 'cambiazo' de ataúdes por otros más baratos entre 1995 y 2015. Según el escrito de calificación provisional de 363 páginas, al que ha accedido Europa Press en fuentes jurídicas, se imputan casi una decena de cargos, entre ellos, constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, delito continuado de apropiación indebida, delito continuado de estafa, delito continuado contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capital y delito continuado de falsedad en documento mercantil.

La Fiscalía solicita las penas más duras para la mujer del empresario funerario fallecido, María del Rosario V.L, y sus hijos Ignacio, Laura y María del Rosario M.V, a razón de veinte años de cárcel para cada uno de ellos, así como su inhabilitación para la prestación, directa o indirecta, de servicios funerarios por espacio de tres décadas y el pago de multas por importe de 12 millones de euros. Las penas para el resto de trabajadores implicados oscilan entre los dos y los nueve años de cárcel.

La acusación pública sostiene que desde el mismo momento en que se empezó a ofrecer el servicio de incineración de cadáveres en el Cementerio-Jardín Parque El Salvador, el empresario Ignacio Morchón Alonso, ya fallecido, como máximo responsable de Funeraria Castellana y Parque El Salvador, ideó un ilícito plan encaminado a obtener el mayor beneficio económico posible.

El ilícito plan dependía directamente de los servicios de incineración que se realizaban en el Cementerio-Jardín y se articulaba en dos fases. La primera fase consistía en la retirada de los féretros a los difuntos justo en el momento inmediatamente anterior a su cremación, desviando así el destino final a que venía obligada la empresa funeraria de efectuar la cremación del difunto junto con su féretro. En un segundo momento, tras llevar de nuevo al tanatorio los féretros previamente retirados, se ponían otra vez a la venta en nuevos servicios funerarios, contraviniendo de este modo lo dispuesto tanto en la normativa nacional como autonómica que prohíben la reutilización de los féretros.

La actividad ilícita investigada, según la Fiscalía, terminó reportando ganancias ilícitas a Funeraria Castellana y Parque El Salvador igual al valor total de los elementos retirados para su posterior nueva venta: por una parte, 3.667.711,95 euros correspondientes a los ataúdes de los que fueron desposeídos 5.973 difuntos y, por otra parte, 381.056,14 euros en el caso de los 3.174 motivos florales recuperados por los trabajadores de las empresas.

En el escrito de calificación se hace referencia a que la actividad presuntamente delictiva de los investigados habría afectado a un total de 6.055 difuntos, cuyos familiares y herederos comparecerán en su día en un juicio que promete ser maratoniano.

La presentación del escrito se produce después de que el Juzgado de Instrucción 6, encargado de la investigación, dictara el pasado mes de febrero auto de transformación de procedimiento abreviado contra la familia Morchón y una veintena de trabajadores de la funeraria Castellana implicados, supuestamente, en la trama. La instructora del procedimiento judicial, abierto desde 2017 en el marco de la Operación Ignis, consideraba que hay indicios suficientes de un delito continuado de estafa agravada y/o apropiación indebida, blanqueo de capitales, profanación de cadáveres y pertenencia a organización criminal. La magistrada encausó como responsables civiles a las entidades mercantiles Agencia Funeraria Castellana y Parque El Salvador y dio traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas, que representan a cerca de 6.000 fallecidos cuyos féretros destinados a la incineración, supuestamente, fueron cambiados por otros de menor valor para ser reutilizados los más caros para obtener un beneficio ilícito.

El propietario del negocio, Ignacio M.A, de 75 años, ya fallecido, permaneció en la cárcel hasta que garantizó una fianza hipotecaria de 800.000 euros, mientras que sus hijos, que también llegaron a permanecer presos, recuperaron igualmente con anterioridad la libertad una vez abonadas fianzas hipotecarias por valor de otros 800.000 y 200.000 euros, respectivamente.