VALLADOLID, 25 de noviembre.

En un giro preocupante dentro de las instituciones de Castilla y León, la funcionaria que ha presentado una denuncia por acoso laboral contra el secretario general y letrado mayor de las Cortes, Marcos Herrero, ha decidido ampliar sus reclamaciones. En esta ampliación, señala que el imputado no solo ha continuado con sus presuntas prácticas delictivas, sino que también podrían derivarse otros delitos, incluyendo la prevaricación, sin descartar, además, la posible participación de terceros en esta trama.

La funcionaria presentó su denuncia ampliada ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid la semana pasada, con el propósito de informar a la jueza sobre una serie de acontecimientos que han tenido lugar desde que presentó su primera queja el 8 de abril de 2024. La denunciante sostiene que el comportamiento del secretario general no ha cambiado, perpetuando un clima de acoso que afecta su situación laboral.

A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León determinó que su cese, ocurrido en mayo de 2022, era nulo, y que las Cortes tenían el deber de reinstalarla en su puesto como Jefa de Servicio, la acusadora critica que Herrero ha obstaculizado su regreso. En esta línea, menciona que tardó dos meses y medio en ser readmitida oficialmente el pasado 7 de agosto, aunque aún no ha podido retomar sus funciones ni acceder a su despacho habitual.

Curiosamente, apenas veinte días después de su reincorporación, coincidiendo nuevamente con su periodo de vacaciones, Herrero le comunicó que sería reemplazada por otra persona en su puesto y que su cese sería efectivo una vez más. Aunque esta decisión fue provisionalmente revertida ante la necesidad del servicio, el cese definitivo se programó para el 5 de septiembre, lo que pone en entredicho las intenciones del secretario general.

La ampliación de la denuncia también destaca varias coincidencias poco afortunadas en las fechas de actos administrativos, sugiriendo que el mismo día en el que se anunció la readmisión de la funcionaria, se aprobó una modificación en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que favoreció a un funcionario de la Escala de Ingeniería, previéndole el acceso al puesto de Jefatura de Servicio de Gestión Administrativa.

No es casual que el funcionario que ocupó su puesto después de la primera decisión de cese perteneciera precisamente a esa misma escala. Además, el 7 de agosto, cuando la funcionaria recibió el alta médica para reincorporarse, se decidió abrir el puesto a libre designación, lo que denota una falta de atención hacia su situación laboral.

La denunciante también menciona una serie de irónicas 'coincidencias' en las que, el 26 de agosto, presentó un informe sobre irregularidades en la gestión del Servicio de Gestión Administrativa, justo el mismo día en que se adjudicó el cargo de Jefatura de Servicio al funcionario de la Escala de Ingeniería en cuestión, lo que refuerza sus sospechas de un patrón de acoso al que está sujeta.

En su análisis, la denunciante establece que la continuidad del Servicio de Gestión Parlamentaria, donde ha sido asignada, carece de contenido real y había estado sin cubrir durante un par de años. A su juicio, esta situación ha sido ideada para excluirla de asuntos relacionados con la contratación pública, manteniéndola en condiciones laborales inferiores y segregada del resto del equipo.

Además, la funcionaria se enfrenta a restricciones significativas para optar a otros puestos de su nivel, particularmente los de interventor y viceinterventor que pronto quedarán vacantes por jubilación. El nuevo requisito que exige que los candidatos formen parte de la Escala Económico-Financiera de las Cortes la deja fuera de la competencia, a pesar de su amplia trayectoria en la Junta de Castilla y León.

Resulta curioso también que tras la declaración desierta de la primera convocatoria para el puesto, se decidió reducir de diez a ocho años el requisito de antigüedad, un cambio que no está justificado y que claramente perjudica a la denunciante, quien solo cuenta con siete años en las Cortes.

La ampliación de la denuncia también sugiere que tanto el presidente de las Cortes de Castilla y León como integrantes de la Mesa y de la Junta de Personal tenían conocimiento de la situación desde hace tiempo, con comunicaciones tanto verbales como documentales que respaldan lo expuesto por la funcionaria.

A pesar de esto, la Junta de Personal, en un informe de 44 páginas que se ha enviado a Instrucción 4, ha declarado que “no tiene conocimiento de ninguna actuación constituiva de acoso laboral”, afirmando que “los hechos relatados” no corresponden a este delito y sugiriendo que la denunciante nunca ha mencionado problemas de carácter interpersonal que puedan evidenciar un patrón de abuso en su entorno laboral.