VALLADOLID, 2 de julio. El Colegio de Ingeniería Informática de Castilla y León ha lanzado una seria advertencia sobre el estado crítico de la ciberseguridad en la Junta. La organización sostiene que la inacción de los políticos está comprometiendo la seguridad digital en el ámbito de la administración regional, una preocupación que ha quedado patente tras el reciente robo de datos en la Consejería de Educación.

Según el comunicado emitido por este colegio profesional, lo sucedido representa un problema además de acuciante, revelando la falta de una estrategia clara, inversiones adecuadas y, fundamentalmente, la falta de un compromiso real por parte de los líderes políticos para gestionar de manera efectiva los sistemas de información públicos.

Desde el Colegio de Ingenieros Informáticos se subraya la imperiosa necesidad de profesionalizar al personal en el ámbito de la informática, ya que la mayoría de estos profesionales actualmente no cuentan con un estatus de funcionario, lo que dificulta su acceso a posiciones vitales en materia de ciberseguridad.

La reciente creación de roles como técnicos de seguridad de sistemas de información y delegados de protección de datos ha resultado insuficiente, señalan. Estos puestos solo están disponibles para funcionarios de carrera, dejando fuera a expertos con formación acreditada y experiencia significativa que ya se encuentran trabajando en la propia administración.

Esta situación ha sido calificada como "injusta" y "contraproducente", ya que limita el acceso al talento interno, debilita la capacidad organizativa y deja a la Junta en desventaja para enfrentar los desafíos que la transformación digital y la ciberseguridad suponen en la actualidad.

Además, se ha destacado un preocupante incumplimiento normativo, ya que la Junta de Castilla y León no ha aplicado de manera consistente el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), un marco regulativo estatal que define los estándares mínimos de seguridad que deben cumplir los sistemas públicos. Hasta ahora, solo la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha mostrado un compromiso real con esta normativa, gracias a su directora, una ingeniera en informática.

Es razonable suponer que si se hubiera aplicado el ENS en todas las áreas administrativas, muchos de estos incidentes como el robo de información se podrían haber prevenido. La seguridad digital no puede ser minimizada ni tratada como un problema menor. La protección de los datos de los ciudadanos y la integridad de los servicios públicos digitales demandan una respuesta política firme y constante, según afirman desde el Colegio de Informáticos de Castilla y León.

Por lo tanto, esta organización insta al gobierno autonómico a tomar medidas inmediatas que aseguren la modernización y efectividad de los servicios digitales públicos. También piden acelerar el proceso de convertir al personal informático en funcionarios, actualizar los perfiles y roles profesionales para adaptarlos a las necesidades tecnológicas actuales, incluidas las áreas de ciberseguridad y garantizar la implementación del Esquema Nacional de Seguridad en todos los departamentos de la Junta.

Finalmente, el colegio reafirma su disposición a colaborar con las autoridades autonómicas para diseñar e implementar políticas públicas que fortalezcan la ciberseguridad, garantizando que la tecnología sirva a una administración moderna y eficiente que respete los derechos digitales de todos los ciudadanos.