En Valladolid, el Comisionado para las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León, Jesús Enríquez Tauler, ha hecho un llamado para que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado agredidos en Cataluña en octubre de 2019 sean reconocidos como víctimas del terrorismo.

Según lo comunicado por la Junta el pasado sábado, durante una reunión con la Dirección General de Ayuda a las Víctimas del Ministerio del Interior y los representantes autonómicos, Tauler expresó esta solicitud.

El Gobierno autonómico mencionó que tras la sentencia del 'procès' se produjeron numerosos incidentes violentos contra las fuerzas del orden por parte de grupos "radicales nacionalistas", resultando heridos varios agentes, algunos de los cuales debieron dejar el servicio activo. Además, destacaron que estos actos podrían quedar impunes debido a la ley de Amnistía.

En este contexto, se señaló que sería injusto privar a los policías y guardias civiles heridos del reconocimiento como víctimas del terrorismo, y negarles acceso a las medidas de protección, indemnizaciones y actos de homenaje que les corresponden.

En otro orden de ideas, se solicitó información sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo al Ministerio del Interior, con el fin de evitar la impunidad de los crímenes sin juzgar de la organización terrorista ETA, que han afectado a la región y costaron la vida de 70 castellanoleoneses.

Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de equiparar las indemnizaciones para todas las víctimas del terrorismo, eliminando cualquier discriminación existente y garantizando una compensación justa ante el daño sufrido.

Se subrayó que no deberían existir excusas presupuestarias para cumplir con estas demandas, considerando que los créditos disponibles para ayudar a las víctimas del terrorismo son ampliables, según lo confirmado por la Dirección General de Ayuda a las Víctimas dependiente del Ministerio del Interior.

Para facilitar la identificación de las víctimas y brindar una atención integral y coordinada, se propuso la creación de una base de datos nacional compartida entre todas las comunidades autónomas, enfocada en las víctimas del terrorismo.