VALLADOLID, 3 de junio. Este jueves 5 de junio, los miembros de la Junta de Personal de las Cortes de Castilla y León deberán presentarse ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid como testigos. Esta comparecencia se produce tras la denuncia de una funcionaria, quien acusó al exsecretario general y letrado mayor, Marcos Herrero, de acoso laboral en su contra.

La declaración comenzará a las 09:30 horas con el presidente de la Junta de Personal, seguido por la secretaria y tres vocales en intervalos de diez minutos, lo que promete un inicio intenso de las diligencias judiciales.

Asimismo, el juzgado ha decidido aceptar la solicitud del abogado de la acusación particular para elaborar un informe sobre las remuneraciones extraordinarias que recibieron Marcos Herrero, el presidente de la Junta de Personal y la persona que asumió el cargo de la denunciante tras su separación del puesto, según han informado fuentes legales a Europa Press.

Este proceso judicial encuentra su origen en un extenso informe de 44 páginas entregado por la Junta de Personal al Juzgado, donde afirmaron no tener conocimiento de situaciones de acoso laboral en la Cámara. Afirmaron que los relatos de la denunciante no encajan con la definición de este delito y cuestionaron que hubiera habido una comunicación previa sobre conflictos interpersonales o tensiones en el ambiente laboral.

Marcos Herrero, quien ya compareció como investigado el 16 de diciembre de 2024, negó haber tenido algún tipo de animosidad hacia la funcionaria que lo denunció. Defendió que todas sus decisiones estaban dentro del marco legal, incluida la que resultó en la destitución de la denunciante de su puesto, una medida que fue comunicada por teléfono mientras ella estaba de vacaciones.

No obstante, un fallo reciente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ordenado la reincorporación de la funcionaria a su puesto, al declarar nula la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que permitió que su cargo pudiera ser ocupado por otros grupos de personal. Esta alteración fue vista, por el tribunal, como un intento de esquivar el cumplimiento de una sentencia que había anulado su despido en mayo de 2022.

El tribunal también ha decidido enviar un testimonio al Juzgado de Instrucción número 4 para que se investigue si los hechos presentados pueden ser considerados ilícitos desde el punto de vista penal. En el auto se menciona que existen procedimientos previos en curso que requieren atención respecto a la posible responsabilidad penal involucrada.

En consecuencia, Herrero presentó su dimisión el pasado 23 de mayo. La funcionaria afectada, aunque suspendida brevemente de su cargo, fue asignada provisionalmente a una nueva posición como interventora, lo que representa una categoría superior a la que ocupaba previamente, debido a la jubilación de la titular.

La denunciante ha emprendido acciones legales contra Herrero por lo que considera un modus operandi cuyo único objetivo ha sido su humillación y aislamiento tanto laboral como social, deteriorando su carrera profesional. Alega que se han adoptado decisiones que limitan sus oportunidades de empleo dentro de las Cortes, manteniéndola alejada de roles vinculados a la gestión administrativa y otros puestos relevantes, lo que interpreta como una represalia directa en su contra.