VALLADOLID, 29 de enero.

Un caso reciente ha puesto en el punto de mira a Vasile U., un individuo que se enfrenta a una posible condena de cuatro años de prisión por haber infringido gravemente los derechos de un grupo de trabajadores extranjeros. Estos jornaleros fueron reclutados entre septiembre y octubre de 2020 para participar en la cosecha de patatas en Medina del Campo, Valladolid. La Fiscalía sostiene que el acusado cometió un delito conforme al artículo 311 del Código Penal, el cual protege los derechos de los trabajadores.

Durante su alegato, el fiscal no escatimó en detalles para evidenciar la crueldad del trato que recibieron algunos trabajadores de nacionalidades colombiana, peruana y marroquí. “Este hombre no solo les incumplió las promesas salariales, sino que los trató con desprecio y violencia”, expresó el acusador, subrayando la figura de Vasile como el verdadero responsable dentro de una estructura empresarial que pretendía ocultar su verdadera naturaleza.

El informe, recogido por diferentes medios, revela que Vasile, originario de Rumanía, fue quien organizó la llegada de los trabajadores a Valladolid, con la ayuda de Ángel Q.T., quien se encuentra en paradero desconocido y ha sido declarado en rebeldía. Juntos, prometieron a los jornaleros un salario atractivo entre 1.800 y 1.600 euros, así como condiciones laborales aparentemente favorables, incluyendo alojamiento y alta en la Seguridad Social.

Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Los jornaleros, que se trasladaron desde Alicante y Yecla a una finca en Torrecilla del Valle, se encontraron con alojamientos deficientes, carentes de calefacción y agua potable. Muchos tuvieron que improvisar su descanso y buscar colchones en puntos de recogida de desechos. El fiscal argumenta que esta situación constituye una vulneración clara de los derechos de los trabajadores, ya que la mayor parte de ellos no fue dada de alta en la Seguridad Social durante su tiempo de labor.

Además, el fiscal destacó que, pese a las promesas, realizó un análisis del daño ocasionado a los trabajadores, que recibió su salario por debajo de lo estipulado en el Estatuto de los Trabajadores y el convenio del sector. “No solo les falló en la paga, sino que les trató con desprecio”, reiteró en referencia a un episodio específico en el que, tras una llamada de los jornaleros a la Guardia Civil por falta de pago, Vasile desmintió conocerlos y los descalificó como okupas. Este rechazo es lo que, según el fiscal, provocó la mayor indignación entre los afectados.

En contraste, la defensa de Vasile argumentó su inocencia, reclamando una absolución. Según su cliente, fue su hermana, Ionela, quien debería asumir la responsabilidad de las contrataciones y la gestión administrativa de los trabajadores. “Yo solo supervisaba los trabajos en el campo y manejaba cuestiones operativas”, afirmó Vasile, defendiendo que su rol era más de intermediario que de explotador.

Su abogado solicitó al tribunal la absolución de su cliente y, en caso de ser considerado culpable, que se tome en cuenta la dilación del proceso, que se ha alargado por más de cinco años. Asimismo, cuestionó la contundencia del informe del fiscal, alegando que carecía de evidencias claras sobre el papel de Vasile en los hechos acusados, preguntándoles a los magistrados sobre la real naturaleza de las acusaciones en su contra.