Perito confirma: Investigación de Hacienda a encausados por 'La Perla' no encontró dádivas

En el juicio de 'La Perla Negra', un perito interviniente destacó que las inspecciones de Hacienda no lograron demostrar la entrega de dádivas entre empresarios y responsables de sociedades públicas en las operaciones de compra en Arroyo y Portillo por Gesturcal y ADE Parques.

El perito Miguel Ángel Santander resaltó un informe de la UDEF que reconoce la dificultad de determinar si los precios pagados en Arroyo y Portillo eran acordes al mercado, y que no se pudo confirmar la presencia de dádivas entre los responsables de empresas privadas y los representantes de Gesturcal y ADE Parques.

Para probar esta situación, la UDEF recomendó realizar una investigación patrimonial completa a los investigados, junto con los precios y las operaciones realizadas.

En su informe, Santander ratificó el valor de mercado utilizado en las operaciones de venta de parcelas del Parque Empresarial de Portillo a Cementos La Bureva y ADE Parques, argumentando que se trataba de suelo con gran potencial.

Además, el perito justificó la colaboración entre PEP y La Bureba en la promoción del polígono de Portillo para limitar el riesgo empresarial, y negó que actuaran como empresas interpuestas para elevar el precio de los terrenos.

En el juicio en Valladolid, otros peritos confirmaron la adecuación de los precios pagados en la compra de 'La Perla Negra' y en los terrenos de Portillo para un polígono industrial.

Leandro Escobar valoró el edificio administrativo en 53.549.600 euros, mientras que Beatriz Apolinario tasó el inmueble en 34.472.000 euros. Respecto al suelo en Portillo, José Manuel Martínez lo valoró en unos 28 millones, sin incluir los costos de la acometida de una línea de alta tensión.

El juicio se reanudará el próximo 24 de abril, cuando comenzarán a testificar los acusados, siendo el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, el primero en declarar.

El proceso investiga la compra de 'La Perla' y el polígono de Portillo, operaciones que, según las acusaciones, fueron promovidas desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo para beneficiar a ciertas empresas a través de sociedades públicas de la Junta.

Las solicitudes de penas van desde los 79 años que pide la Fiscalía hasta los 20 años que exige la Junta para ocho de los acusados.