El Partido Popular intensificará su presencia en las calles en los próximos días para informar a la ciudadanía sobre la problemática que se deriva de las decisiones tomadas por el actual Gobierno, además de llevar a cabo una recogida de firmas.

En una rueda de prensa llevada a cabo el 28 de enero en Valladolid, el diputado nacional del PP, Eduardo Carazo, expresó su exigencia al Gobierno de España para que, en el próximo Consejo de Ministros, se aprueben de manera individual los reales decretos que se centran en la revalorización de las pensiones, la extensión de las ayudas al transporte y las medidas de respaldo económico para los afectados por la DANA. Carazo asegura que, si estas iniciativas se presentan de forma separada, contarían con el apoyo del Partido Popular.

Junto a Carazo, también estuvieron presentes Mercedes Cantalapiedra, secretaria general del PP de Valladolid, y Conrado Íscar, presidente provincial del partido. El objetivo de esta comparecencia fue explicar a la opinión pública por qué votaron en contra del reciente decreto ‘ómnibus’ del Gobierno, que incluía medidas que el PP apoya pero también otras que suscitan su oposición, como la cesión de un inmueble del PNV en París y la mayor protección a los okupas, así como la eliminación de las rebajas en el IVA de algunos alimentos.

Eduardo Carazo subrayó que el Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, debe tramitar de manera urgente los decretos que abordan la subida de las pensiones en 2025, la prolongación de las ayudas al transporte, y el sostén a los afectados por la DANA en Valencia. A su juicio, la rápida aprobación de estas medidas es un acto que puede materializarse en un mes, haciendo referencia al hecho de que en el pasado el Gobierno ha acelerado la tramitación de medidas que le han resultado de utilidad.

En este contexto, Carazo remarcó que el Partido Popular está dispuesto a respaldar la convalidación de estos decretos, aunque mostró sus dudas sobre la probabilidad de que efectivamente se lleven a cabo. Los representantes socialistas de Valladolid han cuestionado el voto en contra del PP, ante lo cual Carazo instó a los diputados socialistas a explicar por qué el Gobierno que apoyan no parece tener la intención de aprobar estos reales decretos, que proporcionarían un alivio inmediato a los ciudadanos.

Por su parte, Conrado Íscar criticó al presidente Sánchez por, según él, utilizar la necesidad de los pensionistas y de los usuarios del transporte como una forma de presión, poniendo en juego ayudas que considera esenciales, para prioritizar acuerdos como la entrega del palacete al PNV o un mayor respaldo a los okupas, además de recortes en la financiación a las Comunidades Autónomas.

Íscar, también presidente de la Diputación de Valladolid, advirtió que la política del Gobierno respecto al decreto ‘ómnibus’ es parte de un patrón más amplio de decisiones que perjudican a los municipios, incluyendo la imposición de tasas de basuras y un aumento constante de impuestos.

A pesar de las dificultades, Íscar aseguró que tanto la Junta de Castilla y León, bajo el liderazgo del 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, como los municipios gobernados por el PP en la región han mantenido el soporte a las ayudas al transporte, lo que supone un enorme esfuerzo financiero.

El presidente de la Diputación justificó la decisión de algunos ayuntamientos de no incrementar sus contribuciones al transporte, debido a la falta de previsión presupuestaria y la necesidad de sostener un descuento del 50 por ciento que estaba vigente hasta el rechazo del Congreso al mencionado decreto.

En este sentido, tanto Íscar como sus compañeros de partido enfatizaron que la responsabilidad por la eliminación de estos descuentos y la suspensión de las pensiones debe recaer en el Gobierno de España, al cual le corresponde formar alianzas en el Congreso y el Senado con sus aliados de coalición, insistiendo en que el PP no ha sido parte en las negociaciones sobre estas medidas.

Carazo fue más allá y advirtió que de no modificarse la situación, se registraría por segunda vez en la historia democrática de España la congelación de las pensiones, esta vez bajo un gobierno del PSOE, recordando que la primera ocasión ocurrió durante la administración de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2011. "Da la impresión de que Pedro Sánchez y su Ejecutivo no tienen interés en aumentar estas pensiones o en mantener las ayudas al transporte", observó.

Mercedes Cantalapiedra anunció que, con mejores condiciones climáticas en los próximos días, el PP de Valladolid se dirigirá a las calles de la capital y otros municipios de la provincia, junto a alcaldes y portavoces, para informar a los vecinos y eliminar cualquier duda sobre sus acciones y propuestas.

Además, el PP iniciará una campaña de recogida de firmas para respaldar la demanda de aprobación de la subida de pensiones, la prórroga de las ayudas al transporte y el apoyo a aquellos que sufrieron a causa de la DANA. Los ciudadanos también tendrán la opción de firmar en la sede del PP o a través de una campaña en Change.org, que ya ha superado las 32.000 firmas.