El Procurador del Común en Castilla y León, Tomás Quintana, ha decidido dirigirse a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio con una solicitud de gran impacto en el sector minero. Quintana ha pedido que se declare la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que fue otorgada en 2013 al proyecto de extracción de uranio que promueve la empresa Berkeley Minera de España en los municipios de Retortillo y Villavieja de Yeltes.

Esta solicitud proviene de una queja presentada por la Plataforma Stop Uranio y se fundamenta en diferentes decisiones judiciales, en particular la sentencia emitida el 21 de diciembre de 2023 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, así como la correspondiente del Tribunal Supremo del 18 de enero de 2024. Estos fallos han proporcionado un marco jurídico que avala la exigencia de revisar la situación del mencionado proyecto.

El Procurador ha instado a la Consejería, cuyo responsable es Juan Carlos Suárez-Quiñones, a dejar sin efecto la Orden FYM/796/2013, emitida el 25 de septiembre, que otorgó la DIA favorable para la explotación minera conocida como Retortillo-Santidad n.o 6.605-10. Este proyecto, promovido por la empresa Berkeley Minera de España S.A, ha sido objeto de preocupación por parte de ciudadanos y grupos ecologistas en la región.

En la comunicación oficial de la Procuraduría, se ha considerado fundamental que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio notifique de manera motivada su aceptación o rechazo a esta resolución en un plazo de dos meses. La insistencia en comunicar el resultado obedece a la relevancia de la decisión que se debe adoptar, dada la implicación directa que tendrá sobre el medio ambiente y la salud pública.

El trasfondo de esta situación radica en la supuesta inacción de la Administración autonómica, que no ha declarado caduca la DIA a pesar de la solicitud inicial realizada por el Alcalde de Villavieja de Yeltes el 5 de mayo de 2020. Este alcalde argumentó que, con el tiempo transcurrido sin iniciar actividades en el proyecto, se justificaba la reconsideración de la situación del mismo.

A pesar de las peticiones del alcalde, la Administración rechazó la solicitud, argumentando que ya se habían iniciado ciertas obras preparatorias, como el desvío de la carretera SA-322 y la instalación de un vallado perimetral, alegando que esto indicaba un compromiso genuino por parte de la empresa promotora del proyecto. La respuesta negativa del gobierno autónomo fue recurrida sin éxito, confirmando su postura sobre la continuidad de las operaciones.

A pesar de que esta denuncia por parte de la Plataforma Stop Uranio tuvo eco en la Procuraduría, se debe señalar que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo no cancelaron oficialmente la declaración de impacto ambiental, aunque sí han llamado a cuestionar su validez en el contexto actual.

Además, es importante destacar que el Consejo de Seguridad Nuclear emitió un dictamen desfavorable en 2021 en relación con la propuesta de construir una instalación radioactiva de categoría uno para el ciclo del combustible nuclear, específicamente denominada "Planta de Concentrados de Uranio Retortillo". Esta opinión técnica se suma a la creciente presión para revisar el proyecto en su totalidad.

En consecuencia, la Procuraduría ve necesario que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio actúe en concordancia con lo expuesto, iniciando los trámites pertinentes para anular la DIA favorable. Además, enfatiza que los recientes fallos judiciales han puesto en entredicho tanto la tramitación urbanística como la autorización de vertidos, lo que imposibilita por el momento cualquier actividad extractiva en el ámbito minero mencionado, obligando a una nueva evaluación de impacto ambiental a cargo de la Administración del Estado.