El sindicato UGT ha señalado la falta de coherencia en el manejo de las administraciones públicas en un sector que sostiene a alrededor de 7.500 trabajadores, poniendo de relieve la delicada situación económica de estos empleados.

En un reciente comunicado, se ha reportado que una alarmante cifra de 90 por ciento de las trabajadoras en el ámbito de la ayuda a domicilio tiene contratos parciales, lo que a menudo les deja con salarios que no alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Ante este escenario, el sindicato ha pedido a la Junta que, como autoridad competente, se comprometa a regular y unificar las tarifas por hora que las distintas entidades locales aplican en sus licitaciones.

Tomás Pérez Urueña, secretario regional del área de Servicios de UGT, junto a Pilar Gutiérrez, responsable del Sector Sociosanitario, han manifestado su rechazo a cómo se ha mercantilizado este servicio. Gutiérrez ha criticado que muchas empresas, en busca de beneficios propios, participan en subastas de ayuntamientos y diputaciones financiadas por la Junta, perjudicando así a los trabajadores.

La secretaria del sector ha destacado que solo un 10 por ciento de las empleadas tienen contratos a jornada completa, mientras que la mayoría enfrenta condiciones de trabajo muy precarias que no les permiten alcanzar un salario mínimo digno. Esto ha llevado a una escasez de personal en un sector que, según el Ministerio de Derechos Sociales, enfrentará un creciente aumento de la demanda en los próximos años.

Gutiérrez también ha señalado que las empresas competidoras en las licitaciones no tienen en cuenta el bienestar de los usuarios ni de las empleadas, haciendo que estas últimas no sean contratadas a tiempo completo. Este patrón no solo afecta a los trabajadores, sino que también refleja una grave falta de personal en el sector.

Asimismo, se han identificado discrepancias significativas en el costo por hora entre las provincias. Por ejemplo, en Segovia, el costo establecido el año pasado era de 21,25 euros más IVA, mientras que recientemente en Palencia la tarifa se fijó en 20,9 euros más IVA. Estas variaciones evidencian una falta de coherencia en las políticas de contratación.

Por este motivo, Gutiérrez ha instado a la Junta de Castilla y León a que elabore un pliego único que contemple tarifas estandarizadas para las nueve provincias, argumentando que la brecha actual en los precios es “abismal” y requiere una solución urgente.