VALLADOLID, 10 de septiembre.

Este lunes, 15 de septiembre, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid dará inicio a uno de los juicios más esperados sobre la llamada 'trama eólica'. Este proceso judicial se extenderá por 43 semanas y se espera que dure hasta enero de 2026, donde un total de catorce implicados se enfrentarán a la justicia por su papel en la gestión de parques eólicos en Castilla y León. La denuncia señala que las empresas promotoras estaban sometidas a presiones para incluir socios locales en sus accionariados, lo que se consideró un requisito indispensable para obtener las autorizaciones necesarias del Gobierno regional.

El caso llega a juicio tras haber estado en instrucción durante un largo período, acumulando más de 11,000 folios de documentación. Entre los acusados, se encuentran tres individuos que ya han sido condenados en un caso anterior, conocido como 'La Perla Negra'. Entre ellos destacan el exviceconsejero y exsecretario general de la Consejería de Economía, Rafael Delgado, y los empresarios Germán José Martín Giraldo y Francisco Esgueva, quienes han recibido condenas de dos años y medio, once meses y siete meses de prisión, respectivamente.

Las primeras jornadas del juicio, así como las del martes, se dedicarán a cuestiones procedimentales y posibles acuerdos previos. A partir del 6 de octubre comenzará la fase de testimonios. Aunque originalmente estaban imputadas dieciséis personas, el empresario Marc Nodelar ha sido excluido del proceso por motivos de salud, y Manuel Ordóñez, exdirector de Energía y Minas de la Junta, ha fallecido.

Las acusaciones están lideradas por el Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, además de contar con el apoyo de Ecologistas en Acción como acusación popular. Igualmente, seis empresas han decidido presentarse como acusadoras particulares al considerar que han sido perjudicadas por los actos imputados.

En noviembre de 2021, el juez decidió abrir juicio oral contra los 16 primeros acusados, y las solicitudes de pena ascienden a un total de 138 años de prisión y multas cercanas a los 848 millones de euros. El juez también había establecido un plazo de diez días para que los imputados presentaran fianzas para cubrir las multas solicitadas, cumpliendo así con lo requerido por la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado.

La Junta de Castilla y León ha sido mencionada como responsable civil subsidiaria por indemnizaciones que deban ser pagadas por Rafael Delgado si este no las salda. En total, se habla de unos 24.1 millones de euros, de los que 11.2 millones deben pagarse solidariamente con Iberdrola Renovables, y otros 12.84 millones entre dos empresas adicionales.

La mayor condena solicitada es para Rafael Delgado, quien enfrenta penas de hasta 42 años de prisión junto a 239 millones de euros en multas, siendo considerado el líder de la trama y siguiendo las directrices del fallecido Tomás Villanueva, exconsejero de Economía. Otros acusados destacados también enfrentan importantes sanciones, como el abogado Jesús Rodríguez Recio y los empresarios Alberto y Germán José Martín Giraldo.

Los investigadores han solicitado penas de seis años de prisión a otros ocho imputados, con multas que alcanzan sumas millonarias, destacando entre ellos a representantes de empresas influyentes en el sector energético.

El origen de esta supuesta 'trama eólica' se remonta a la decisión de la Junta de Castilla y León de impulsar el desarrollo de energías renovables, especialmente en el sector eólico. Se argumenta que esta estrategia buscaba incentivar la participación de empresas locales en proyectos que requerían autorización administrativa.

Rafael Delgado, en colaboración con Tomás Villanueva, supuestamente implementó un plan que obligaba a los promotores de parques a ceder una participación significativa a empresas locales, condicionando así el acceso a las licencias necesarias para operar.

Para llevar a cabo esta maniobra, se afirma que Delgado cambió el procedimiento administrativo, otorgándose mayores poderes en la autorización de proyectos, lo que servía como estrategia para asegurar la participación local.

Los beneficiarios más destacados de este esquema incluyen a empresarios que obtuvieron grandes réditos económicos tras acceder a los proyectos energéticos, a menudo mediante condiciones que favorecían su intervención en la gestión.

La investigación de la Instrucción 4 reveló un entramado de supuestas 'mordidas' que habrían favorecido a altos funcionarios y empresarios a cambio de agilizar la aprobación de proyectos en un periodo que abarca desde el año 2000 hasta 2015, afectando a varias personalidades del ámbito público y privado en Castilla y León.