El municipio de Arroyo de la Encomienda, situado en la provincia de Valladolid, ha decidido alzar la voz en defensa de la propiedad privada, haciendo un llamamiento enérgico a varias instituciones relevantes en la lucha contra la problemática de la okupación. En un contexto donde este fenómeno ha ido en aumento, el Ayuntamiento ha solicitado la colaboración del Defensor del Pueblo y de las federaciones de Municipios y Provincias, tanto a nivel nacional como regional.

El alcalde, Sarbelio Fernández, ha enviado recientemente correspondencia a las presidentas de estas federaciones y al Defensor del Pueblo. En sus misivas, el edil destaca la magnitud del problema que ha afectado a una comunidad de vecinos en particular desde hace casi tres años, pero que, según él, también se extiende a otros municipios del país. La participación activa de estas organizaciones es esencial para abordar de manera efectiva esta situación, sostiene Fernández.

Fernández ha manifestado su preocupación por el hecho de que la okupación se ha convertido en un método irregular para acceder a la vivienda social, eludiendo los procedimientos establecidos para obtener este tipo de ayudas. A través de sus cartas, el alcalde condena este ataque a la propiedad privada y demanda una respuesta contundente y decidida que logre frenar este fenómeno que afecta a muchos ciudadanos honrados.

La reciente aprobación de una moción por parte del Pleno del Ayuntamiento refuerza esta postura, exigiendo al Gobierno y a las Cortes Generales que implementen medidas legales concretas para combatir la okupación. Esta toma de posición del consistorio local refleja la creciente tensión y la necesidad de acción en un tema que ha generado gran preocupación entre los vecinos y propietarios del municipio.

En sus comunicaciones, Fernández señala que la okupación ha dado lugar a un sistema perverso y, en su opinión, ilegal para acceder a la vivienda. Según él, este proceso implica la ocupación de un inmueble seguido de la utilización indebida del sistema de protección social, lo que permite a los okupas permanecer indefinidamente en las propiedades ajenas. Este ciclo vicioso es, a su juicio, inaceptable.

Además, el alcalde critica al Gobierno español por fomentar políticas que brindan protección a los okupas a expensas de los derechos de los propietarios. Según él, este fenómeno no se observa en otros países de la Unión Europea, lo que incrementa su frustración, especialmente por el silencio de la FEMP en torno a esta crítica situación que afecta la estabilidad social y económica de muchas familias.

Fernández pone particular énfasis en la situación de la comunidad que se encuentra en Arroyovereda, donde más de 200 residentes han estado lidiando con un conflicto social derivado, en gran medida, de la okupación de casi la mitad de las viviendas del edificado. A juicio del alcalde, este conflicto no solo persiste, sino que está a punto de consolidarse, lo que podría llevar a que los okupas obtengan beneficios indebidos al ser convertidos sus hogares en viviendas sociales, pagando un alquiler social al Sareb.

El alcalde no se queda ahí; critica la actuación del Sareb, al parecer transformándose en una suerte de inmobiliaria que proporciona alivios en forma de alquileres sociales para propiedades que originalmente no estaban destinadas a tal propósito. Ante esta situación, se reafirma en que no permitirá que las familias legítimas sean las perjudicadas.

Con un tono decidido, Fernández reivindica la necesidad de adoptar medidas urgentes que faciliten el desalojo inmediato de las viviendas ocupadas ilegalmente. Además, señala la importancia de revisar las políticas que, de facto, legalizan las okupaciones bajo el pretexto de protección social, una situación que lesiona los derechos de propietarios que han trabajado arduamente por tener un hogar digno.

Por último, el alcalde ha hecho un llamado claro al Defensor del Pueblo, la FEMP y la FRMP para que defiendan de manera firme la autonomía municipal y autonómica en asuntos relacionados con la vivienda, exigiendo también reformas legislativas que terminen con lo que él denomina "una perversa Ley de Vivienda" que prioriza los derechos del okupa sobre los del propietario. Asimismo, cuestiona la Ley de Bases de Régimen Local que obliga a los ayuntamientos a registrar a los okupas, una normativa que, según él, desvirtúa la labor y autoridad local.