En una noticia que ha conmocionado a la opinión pública, la aseguradora de la Consejería de Sanidad de Castilla y León ha sido condenada a pagar una indemnización de 80.000 euros a un paciente a quien se le extirpó la laringe por un diagnóstico erróneo de cáncer, dejándolo sin voz.

Esta decisión, tomada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, ha dado la razón al paciente, representado por los Servicios Jurídicos de la Asociación 'El Defensor del Paciente' y su abogado Santiago Díez.

El paciente, de 61 años, comenzó a experimentar problemas de voz en noviembre de 2019 y tras una serie de pruebas se le diagnosticó un tumor en la laringe. A pesar de que posteriormente se descubrió que no se trataba de cáncer, se procedió a una cirugía radical que lo dejó sin la capacidad de hablar.

Según la información proporcionada por la Asociación 'El Defensor del Paciente', durante el proceso se omitieron pruebas que podrían haber evitado la intervención quirúrgica irreparable que sufrió el paciente.

La condena establece que se debió realizar una biopsia o un PET-TAC antes de optar por la cirugía radical, ya que el paciente había respondido favorablemente al tratamiento de quimioterapia previo y no se confirmó de manera adecuada que la masa detectada en el TAC fuera cancerígena.

La falta de pruebas y diagnósticos precisos resultó en una cirugía innecesaria que dejó al paciente mudo y con graves dificultades para tragar, además de otras secuelas físicas derivadas de la intervención quirúrgica.

La presidenta de la Asociación 'El Defensor del Paciente', Carmen Flores, señaló que se debió haber verificado el diagnóstico antes de realizar la operación, considerando las graves consecuencias irreversibles para el paciente.