En un giro significativo de los acontecimientos, Cáritas Burgos ha decidido no renovar su convenio con el Ayuntamiento para la acogida temporal de inmigrantes a menos que se incluya en el presupuesto de 2025 el apoyo a organizaciones como Burgos Acoge, Accem y Atalaya, las cuales fueron excluidas a petición del partido Vox durante las negociaciones presupuestarias.

La renuncia de Cáritas a recibir 19.000 euros de este acuerdo fue anunciada en un comunicado, que evidencia la firme postura de la organización tras una reunión mantenida el pasado lunes con diversas entidades y autoridades locales, incluyendo a la alcaldesa Cristina Ayala, el portavoz de Vox, Fernando Martínez Acitores, y la concejala de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros.

El delegado diocesano de Cáritas, Mario Vivanco, subrayó la importancia esencial de las labores que realizan las organizaciones que asisten a inmigrantes vulnerables, manifestando su respaldo a Burgos Acoge, Accem y Atalaya, con las cuales mantiene una colaboración constante.

Desde la perspectiva de Cáritas, promover la acogida y protección de migrantes es fundamental para fomentar una sociedad más equitativa y fraternal. La organización se compromete a atender a todos los necesitados por igual, siguiendo los principios evangélicos que guían su misión.

Nuria Revilla, representante de Burgos Acoge y portavoz de las entidades afectadas, ha calificado esta decisión como una medida "drástica" que repercutirá negativamente en los servicios sociales del municipio. Resaltó que los datos de los informes técnicos municipales validan la labor de estas organizaciones.

Revilla también puntualizó que el monto total en discusión asciende a 190.000 euros, informando que en 2023 más de 7.000 personas en la ciudad han recibido asistencia de estas organizaciones. Con firmeza, hizo un llamado a la corresponsabilidad y al entendimiento, enfatizando que se trata de entidades especializadas en atender a la población migrante de Burgos.

Además, destacó que estas personas son parte integral de la comunidad local, formando parte de los centros educativos y ocupando puestos en diversas empresas, convirtiéndose en vecinos y vecinas indispensables.

La concejala de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros, ha indicado que el Gobierno local está dispuesto a "seguir conversando" y recordado que su administración es una coalición, lo que requiere un proceso de negociación en torno a las partidas del presupuesto para 2025. Las organizaciones afectadas, por su parte, están esperanzadas en que esta decisión sea reexaminada.

Revilla ha manifestado que la resolución del equipo de Gobierno es "totalmente opuesta a lo que significa ser responsable", enfatizando que "no todo se puede negociar" y que existen mínimos que deben ser respetados. Por ello, instó a mantener "la puerta abierta" para revertir esta negativa.

En cuanto a la eliminación del convenio, Revilla aseguró que esto "afectará significativamente" y explicó que durante la reunión se hizo hincapié en el hecho de que por cada euro que reciben, el impacto se amplifica enormemente, resaltando la labor esencial que estas organizaciones realizan, un papel que no puede suplir los servicios sociales públicos.

Además, Revilla detalló que las actividades de estas entidades van más allá de la mera orientación, ya que se encargan de tramitar permisos de residencia y trabajo, solicitudes de nacionalidad, y otros aspectos administrativos que los servicios sociales municipales no abordan. A su juicio, esta situación podría desembocar en un "colapso" en dichos servicios debido a un incremento en la demanda.

Por último, trabajadores sociales del Ayuntamiento han solicitado una reunión para evaluar cómo la eliminación de estos convenios afectará su labor diaria. Mientras tanto, Martínez Acitores reafirmó que esta decisión permanece firme y anticipó que las cuentas de 2025 serán aprobadas provisionalmente en el Pleno de noviembre.