VALLADOLID, 17 de julio. En una reciente conferencia de prensa, Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda, así como portavoz de la Junta de Castilla y León, ha manifestado su preocupación por el creciente gasto público en los servicios esenciales de la comunidad. Este aumento, advierte, supera el ritmo marcado por la regla de gasto, lo que podría llevar a la necesidad de implementar "ajustes" a partir de 2026, a menos que se realice una reforma al modelo de financiación autonómica.

Fernández Carriedo hizo estas declaraciones tras una reunión del Consejo de Gobierno, donde planteó los hallazgos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Según el informe de esta institución, se espera que el gasto computable en 2026 crezca un 4,2 por ciento, lo que excede claramente el límite del 3,3 por ciento impuesto por la normativa vigente.

La AIReF también ha señalado que, si bien el año 2025 no presenta incumplimientos en la regla de gasto, el panorama se complicará a partir de 2026 y, en mayor medida, en 2027, donde se proyecta un incremento del 5 por ciento en el gasto, superando el límite del 3,4 por ciento para ese año.

Ante estos números alarmantes, Fernández Carriedo enfatizó que el principal responsable de este desfase es el actual sistema de financiación autonómica. Calificó este modelo de "perjudicial" para Castilla y León, argumentando que ha provocado un déficit acumulado superior a 6.000 millones de euros durante su implementación.

El consejero subrayó la urgencia de llevar a cabo una reforma que cuente con el acuerdo de todas las comunidades, garantizando que se realice en condiciones de "igualdad" y sin favorecer a ciertos territorios por encima de otros.

A pesar de las observaciones de la AIReF, que advirtió sobre las repercusiones negativas de decisiones permanentes como rebajas fiscales y aumentos de gasto estructural en la comunidad, Fernández Carriedo reafirmó que la política fiscal de Castilla y León no incluirá aumentos de impuestos. Aseguró que la reducción de impuestos en ciertas áreas ha llevado a un incremento en la recaudación.

Reiteró que si el sistema de financiación sigue siendo desfavorable, los ajustes necesarios en el gasto de los servicios públicos serían incluso más drásticos. Adicionalmente, indicó que la capacidad de reducir el gasto corriente es limitada, dado que Castilla y León presenta una de las estructuras administrativas más pequeñas en comparación con otras comunidades autónomas.