VALLADOLID, 20 de julio. La Junta de Castilla y León está preparada para lanzar en breve un nuevo conjunto de ayudas destinados a impulsar el autoempleo y la creación de empleo en empresas y organizaciones sin ánimo de lucro, con un presupuesto total de 17 millones de euros. Esta iniciativa busca aumentar la cantidad de los subsidios disponibles, así como introducir más incentivos y ampliar el número de beneficiarios.

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha actualizado y fortalecido sus programas de apoyo al autoempleo y la contratación, ajustándolos a lo que considera la “nueva realidad social y laboral” que enfrenta la comunidad. Este esfuerzo responde a la necesidad de adaptarse a un entorno en constante cambio.

Estas iniciativas, cuya mayor parte de la financiación proviene del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), serán anunciadas en las próximas semanas, acumulando para el ejercicio 2025 una inversión total que supera los 17 millones de euros.

Con el fin de estimular el mercado laboral y reducir el desempleo, las nuevas normas reguladoras que acompañan a estas ayudas han sido modificadas. Se contempla un aumento en las cuantías de apoyo y la incorporación de nuevos grupos de beneficiarios, incluyendo aspectos como el teletrabajo y la transición generacional en el ámbito laboral.

Entre los cambios más relevantes, ahora se considera a los demandantes de la Renta Mínima Vital (IMV) y a los trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo como colectivos prioritarios. También se establecen incentivos específicos para ciertos grupos y áreas geográficas, como las familias con responsabilidades sin necesidad de convivencia y los municipios de menos de 5.000 habitantes.

Las ayudas destinadas al autoempleo juvenil, por ejemplo, aumentan su importe de 8.000 a 12.000 euros. A esto se suman incrementos adicionales de 1.000 euros para aquellos que pertenezcan a colectivos vulnerables o que tengan responsabilidades familiares, lo que podría elevar el total de subvenciones hasta 18.000 euros.

Para las mujeres que opten por el autoempleo, la ayuda base comenzará en 8.000 euros y podrá incrementarse hasta 9.500 euros si pertenecen a grupos prioritarios. Por otro lado, las ayudas para el resto de los beneficiarios variarán entre 6.000 y 7.500 euros, según la información proporcionada por la Junta.

Asimismo, el apoyo para contratos de formación en alternancia aumentará de 3.500 a 4.000 euros, y las ayudas para la contratación en entidades sin ánimo de lucro se incrementarán de 9.000 a 10.000 euros por contrato.

Un aspecto innovador es la inclusión de incentivos específicos para fomentar la contratación indefinida y la transformación de contratos temporales. Por primera vez, se introduce un apoyo particular para la contratación en teletrabajo, aumentando el incentivo si el empleado reside en un municipio con menos de 1.000 habitantes.

Se implementará también un incentivo adicional cuando la contratación ocurra en el contexto de la jubilación de otro empleado, permitiendo así un período de transición entre el trabajador experimentado y su sucesor, favoreciendo un relevo generacional efectivo.

Se añaden además incentivos que varían entre 2.000 y 6.000 euros si la contratación se realiza en un nuevo establecimiento o si el trabajador trabaja en un municipio de menos de 5.000 habitantes. Se reforzará también el apoyo a aquellos que tengan responsabilidades familiares, incluso sin convivencia.

Por otro lado, se incluirá como colectivo prioritario a los desempleados que provengan de expedientes de regulación de empleo, ampliando la gama de destinatarios de las ayudas dirigidas a entidades sin ánimo de lucro, quienes también podrán recibir apoyo aquellos beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía y del IMV.

Para el autoempleo, se ampliarán los conceptos gastos que pueden computarse para cumplir con el gasto mínimo exigido, incluyendo gastos relacionados con el desarrollo de software, comercio electrónico y protección de la propiedad industrial.

Finalmente, la Junta ha decidido ampliar el criterio de acceso a las ayudas, permitiendo que empresas con menos de 250 empleados en una misma provincia accedan a distintas subvenciones, anteriormente restringidas. Esto facilitará un aumento en el número de entidades y trabajadores que podrán beneficiarse de estos incentivos en Castilla y León.