El Gobierno de Castilla y León, liderado por el presidente, ha mostrado su total confianza en que el Tribunal Constitucional dará la razón al recurso presentado contra la Ley de Amnistía, la cual se considera que vulnera hasta catorce artículos de la Constitución Española.

En una rueda de prensa, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, detalló que el Ejecutivo regional, tras obtener un Dictamen favorable del Consejo Consultivo, presentará el recurso antes del 11 de septiembre ante el Constitucional, con la expectativa de que sea revisado el día 10 para cumplir con el plazo de tres meses desde la publicación de la ley.

El consejero expresó su plena confianza en la validez del recurso, el cual es el primero de una Comunidad Autónoma en oponerse a la Ley de Amnistía y busca proteger los derechos de los ciudadanos castellanos y leoneses.

González Gago enfatizó que el Gobierno regional defenderá los principios del Estado de Derecho y la igualdad de todos los españoles, señalando que la ley que busca extinguir responsabilidades penales tras el proceso secesionista en Cataluña afecta gravemente a la integridad de la nación.

Además, el consejero criticó las declaraciones del delegado del Gobierno en la región, Nicanor Sen, quien desestimó el éxito del recurso, calificándolas de exceso verbal.

El recurso se basa en cuatro bloques fundamentales, que argumentan la ilegitimidad de la Ley de Amnistía y su impacto en la igualdad, la seguridad y la estabilidad del país, así como en la vulneración de principios democráticos y de separación de poderes.

Se argumenta que la ley afecta no solo a los castellanos y leoneses residentes en Cataluña, sino también a las fuerzas de seguridad del Estado que actúan en la región, así como a las víctimas de la violencia del proceso independentista.

El informe presentado sostiene que la Ley de Amnistía incurre en un fraude de ley al perdonar delitos de manera generalizada y cuestiona su legitimidad al no haber sido aprobada mediante los cauces establecidos en la Constitución.

En definitiva, el Gobierno de Castilla y León está decidido a luchar contra una ley que considera inconstitucional y perjudicial para la unidad y la justicia en España.