El panorama en Burgos se torna cada vez más tenso, especialmente en el ámbito de las políticas de inmigración, donde las decisiones del Ayuntamiento, compuesto por los partidos PP y Vox, han provocado fuertes críticas por parte del sindicato Comisiones Obreras en Castilla y León. En una reciente declaración, el sindicato acusó al consistorio local de establecer una "gestión claramente racista y xenófoba" debido a las medidas adoptadas que atacan a la comunidad inmigrante, tal como la eliminación de subvenciones a ONG que apoyan a los migrantes.

Comisiones Obreras no ha dudado en calificar estos hechos como el "tercer ataque racista" del Ayuntamiento, resaltando que este comportamiento no es una novedad. En su comunicado, el sindicato insinuó que la gestión del Ayuntamiento puede considerarse "territorio salvaje", dejando entrever una preocupación creciente por el rumbo que están tomando las políticas municipales en relación a la inmigración.

Además, CCOO ha puesto de relieve que ya en septiembre de 2023 se había suprimido el Centro de Información a Trabajadores Extranjeros (CITE), un servicio que brindaba asistencia e información a los inmigrantes para facilitar su integración en la sociedad burgalesa. Este hecho refuerza la idea de que las iniciativas del Ayuntamiento no apuntan a la inclusión, sino que más bien persiguen una política de exclusión.

El sindicato recordó que, en junio de 2024, el PP y Vox propusieron que la policía local realizara inspecciones, sin supervisión judicial, en las viviendas de migrantes con el objetivo de prevenir el empadronamiento ilegal. Esta propuesta generó una fuerte controversia, provocando que la propia alcaldesa, Cristina Ayala, decidiera desautorizara públicamente a su socio de gobierno, Vox, en un intento por moderar la situación.

Desde CCOO sostienen que este último movimiento es el "tercer ataque racista" y sostienen que la situación en Burgos es de "salvaje", a la vez que critican que las políticas actuales son opuestas a la inmigración, a pesar de que los migrantes contribuyen significativamente a la economía local y ayudan a revitalizar áreas que están siendo despobladas.

El sindicato cuestiona hasta qué punto la extrema derecha, en complicidad con la derecha tradicional, intentará llevar más lejos estas políticas perjudiciales, especialmente considerando que los migrantes representan aproximadamente el ocho por ciento de la población de Burgos y tienen una tasa de afiliación al sistema de seguridad social del nueve por ciento.

CCOO ha enfatizado que los inmigrantes no han llegado a España, a Castilla y León y a Burgos por capricho, sino porque en sus lugares de origen no pueden disfrutar de condiciones de vida dignas. En Burgos, como en otras provincias de la comunidad, su labor se basa en el trabajo y la contribución al enriquecimiento del territorio.

Adicionalmente, el sindicato advirtió que el interés de la extrema derecha en el tema de la inmigración es meramente táctico, utilizándolo como un "instrumento de negociación". Como ejemplo, citaron el momento en que Vox se retiró de gobiernos donde colaboraba con el PP debido a desacuerdos sobre el manejo de menores migrantes que llegaron a Canarias.

En este marco, Comisiones Obreras ha instado al PP a que tome una postura firme en oposición a estas medidas de extrema derecha y a que no se convierta en cómplice de la gestión que claramente exhibe rasgos racistas y xenófobos.

Por último, en respuesta a estas inquietudes, una delegación de la Ejecutiva de CCOO en Castilla y León se unirá a la concentración que se llevará a cabo en Burgos el miércoles 13 de noviembre. Este evento, organizado por Burgos Acoge, Accem, Atalaya Intercultural y Cáritas, se llevará a cabo bajo el lema "Burgos por la Convivencia", con el objetivo de protestar en contra de la eliminación de las ayudas municipales que apoyan a la comunidad inmigrante.