El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido instado por los responsables de Comisiones Obreras y UGT a restituir el Diálogo Social en la comunidad autónoma. Esto se debe a las advertencias del director de la OIT, Gilbert F. Houngbo, a través de una carta remitida a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
En la carta con fecha de 31 de mayo, Gilbert F. Houngbo se refiere a "la gravedad" de la situación generada por la Junta de Castilla y León "con el deterioro del Diálogo Social" y anima a la ministra a tomar "las medidas que estén a su alcance y considere pertinentes" para contribuir a la restitución del Diálogo Social tripartito y sus instituciones en Castilla y León.
CCOO y UGT han solicitado a la Junta que considere las advertencias de Gilbert F. Houngbo tras la reunión que mantuvieron las tres organizaciones más representativas de Castilla y León (CCOO, UGT y CEOECYL) en Ginebra el pasado 9 de marzo con miembros de la dirección de la OIT, "para denunciar la situación de deterioro del Diálogo Social en la Comunidad Autónoma, el incumplimiento de los acuerdos en vigor y el desmantelamiento del SERLA".
En esa reunión, la Dirección de la OIT manifestó su "alarma" por la "deriva" de un modelo de Diálogo Social que el propio organismo había calificado de ejemplar "y como uno de los más avanzados del mundo", aseguran los dos sindicatos.
Consecuencia de esta denuncia, el director de la OIT ha dirigido una carta al Gobierno de España en la que pone de manifiesto que la decisión adoptada por la Junta de Castilla y León "rompe con los mínimos de convivencia laboral" que marca una institución como la Organización Internacional del Trabajo, "lo que se puede considerar como una agresión en toda regla a los derechos laborales", en palabras de los sindicatos.
En la carta alude además a que de llevarse a término la extinción del SERLA "iría en dirección opuesta a las recomendaciones de la OIT que propugnan la existencia de organismos de conciliación voluntaria, gratuitos y expeditivos, apropiados a las condiciones nacionales, con objeto de contribuir a la prevención y solución de los conflictos de trabajo entre empleadores y trabajadores, e igualmente promueven la existencia de organismos de arbitraje laboral".
Los dos sindicatos recuerdan que no es la primera vez que un organismo público "cuestiona y apela" a la Junta de Castilla y León, en referencia a que el Gobierno de España ya le presentó un requerimiento en dos ocasiones para instarle a que mantenga el SERLA como servicio público de mediación entre empresarios y trabajadores y trabajadoras.
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) también se dirigió a la Junta de Castilla y León para que "frene la deriva" de las políticas públicas y el desmantelamiento de los mecanismos de participación y Diálogo Social en Castilla y León, a lo que se añade ahora la solicitud de la OIT/ONU para la intervención del Gobierno de España, "un nuevo tirón de orejas a la coalición PP-Vox empeñados en ir contracorriente del Tribunal Supremo, el CES, el CES Europeo y ahora también la OIT/ONU".