Un individuo identificado por las iniciales S.P.G. ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid a pagar una multa de 1.620 euros, además de tener la obligación de indemnizar a RENFE, siempre que la empresa ferroviaria valide su propiedad sobre los vagones dañados y certifique el valor de las reparaciones necesarias.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 5 de enero de 2024, cuando S.P.G. y dos cómplices no identificados ingresaron a las instalaciones de la estación de Medina del Campo. En ese momento, el grupo de jóvenes se dedicó a vandalizar varios vagones de tren, en particular las unidades 009M y 509M del modelo 594, dejando marcas y grafitis con letras y símbolos distintivos. Su acción fue interrumpida por el personal de vigilancia de la estación, lo que llevó a una persecución policial.

Tras el aviso a las autoridades, se estableció un operativo de búsqueda en las inmediaciones. La policía localizó un vehículo Opel Zafira que contenía evidencias de la actividad ilícita, incluyendo boquillas de spray y botes de pintura. Los agentes esperaron a que el conductor regresara al auto, lo que finalmente ocurrió, dando lugar a la detención de S.P.G., quien presentaba manchas de pintura y portaba en el maletero una gran cantidad de aerosoles.

Durante el juicio, la fiscalía solicitó una pena de dos años de cárcel y una multa considerable, así como una indemnización de casi 6.000 euros a RENFE por los daños provocados. Por su parte, la compañía ferroviaria, que se presentó como acusación particular, reclamó una sanción de 3.240 euros y el mismo monto en compensación por los costos de reparación de los grafitis.

Finalmente, el juez decidió imponer una multa que contempla no solo el pago inmediato, sino también un posible resarcimiento adicional, que podría alcanzar 4.772,51 euros, siempre que RENFE cumpla con varios requisitos, incluidos la identificación de la empresa que realizará las reparaciones y la presentación de facturas concretas. Esta diligencia se toma en cuenta debido a las dudas existentes sobre las prácticas de la empresa en situaciones similares, donde se sospecha que podría estar intentando obtener beneficios indebidos.

El juez expresó su preocupación por el hecho de que RENFE a menudo no proporciona la documentación necesaria para verificar los costos de los daños, sugiriendo que esto podría perjudicar sus propios intereses. La autoridad judicial también dejó claro que la crítica hacia la compañía no excusa el comportamiento del acusado, quien deberá afrontar las consecuencias legales de sus acciones en un bien ajeno.

El magistrado concluyó su análisis señalando que, aunque hay un reconocimiento de que el acusado necesita asumir su responsabilidad, también debe exigirse a la empresa que demuestre de manera precisa el alcance de los daños, en lugar de aceptar sus evaluaciones sin cuestionamiento, lo que podría derivar en situaciones de enriquecimiento injusto por parte de la entidad demandante.