La reciente comparecencia de los miembros de la Junta de Personal de las Cortes de Castilla y León en el juzgado ha traído consigo importantes declaraciones en el marco de una denuncia de acoso laboral. Este suceso involucra al exsecretario general y letrado mayor, Marcos Herrero, quien renunció a su puesto tras el dictamen del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad.

Este jueves, el presidente de la Junta de Personal fue el primero en declarar en el Juzgado de Instrucción número 4, seguido por la secretaria y los tres vocales. Todos ellos, en una sesión que comenzó a primera hora de la mañana, afirmaron desconocer el asunto que se está investigando. Esta declaración fue meticulosamente analizada por la jueza presentes, así como por los abogados tanto del acusado como de la denunciantes, quienes no quisieron perder detalle de las respuestas ofrecidas.

A pesar de que el presidente no proporcionó detalles, algunos testigos recordaron haber mantenido conversaciones con la denunciante sobre ciertas sentencias favorables. Sin embargo, enfatizaron que en ningún momento la funcionaria comunicó sobre un acoso laboral, sino que lo hizo de manera formal mediante un escrito en octubre de 2024.

Según fuentes legales, los testigos reconocieron que sí estaban al tanto del cambio de despacho de la denunciante, quien fue trasladada a un espacio más pequeño y menos adecuado. No obstante, no tenían conocimiento de otras limitaciones que habrían podido afectarla, como la restricción de acceso a sistemas informáticos y aplicaciones necesarias para su trabajo.

Las declaraciones realizadas este jueves se suman a la declaración previa de Herrero el pasado 16 de diciembre. Hasta el momento, no hay nuevas citaciones programadas, pero se espera la ejecución de diversas pruebas solicitadas por la acusación, incluyendo un análisis de las compensaciones extraordinarias recibidas por Herrero y otros funcionarios, así como un informe forense sobre el estado de salud de la supuesta víctima.

El testimonio de la Junta de Personal se fundamenta en un informe reciente donde negaron tener conocimiento de algún tipo de acoso laboral en su institución. Este informe también sostiene que no existían las tensiones o conflictos que la denunciante mencionó en su relato, lo cual pone en cuestión la validez de sus reclamaciones.

Marcos Herrero, en su defensa, ha afirmado que nunca hubo animosidad hacia la funcionaria en cuestión y que todas sus decisiones fueron conforme a la ley. Inclusive, ha sostenido que su actuación al apartarla de su cargo fue debidamente informada y justificada.

No obstante, un auto reciente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha instado a la reincorporación de la funcionaria, invalidando la renovación de su puesto previo, considerado irregular. Este dictamen sugiere que la modificación en la Relación de Puestos de Trabajo se diseñó con el fin de eludir una sentencia anterior que ya había fallado a favor de la denunciante.

El tribunal también ha decidido remitir la situación al Juzgado de Instrucción número 4 para que se explore la posibilidad de responsabilidad penal en este asunto. Esta situación ha llevado a tareas administrativas a la dimisión de Herrero y a la reciente reposición de la funcionaria, aunque posteriormente cambió de cargo por motivos de jubilación de su superior.

La denunciante alega que las acciones de Herrero no fueron más que un intento de humillarla y marginarla en su entorno laboral. Asegura que se ha creado un entorno hostil que ha afectado gravemente su desarrollo profesional, dificultando su acceso a puestos de mayor responsabilidad y mejor compensación económica.

Los hechos son serios y reflejan una batalla por la justicia en el ámbito laboral, donde las repercusiones de estas acusaciones podrían tener implicaciones significativas tanto para los implicados como para el funcionamiento interno de las Cortes de Castilla y León.