VALLADOLID, 10 de junio.

La Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León (AICCyL) ha hecho público un informe que revela un total de 40 denuncias recibidas entre enero y junio de este año, lo que indica un aumento leve en la actividad. Además, se han registrado 42 nuevos responsables de sistemas internos de información dentro de las diversas entidades de la comunidad.

Esta información fue presentada por Luis Gracia, el máximo responsable de la AICCyL, al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, destacando que durante 2024 se reportaron 25 denuncias, de las cuales 20 fueron admitidas para su análisis, mientras que otras dos no fueron admitidas y tres fueron enviadas a las autoridades competentes o al Ministerio Fiscal de forma inmediata.

Al final del periodo, 13 de las denuncias habían sido archivadas, mientras que siete continuaban sin resolución. En cuanto a su procedencia, 17 denunciantes pertenecían a la Administración de la Comunidad, siete a la Administración Municipal y una se refería a universidades públicas.

En términos geográficos, cinco denuncias llegaron desde León, dos desde Palencia, una de Salamanca, y las demás provinieron del resto de la comunidad. En relación con los temas de las denuncias, un 56% se centró en la gestión de recursos humanos, mientras que el resto abordaba la corrupción, políticas públicas, contrataciones y la falta de un canal interno para reportar irregularidades.

Es importante señalar que un 76% de quienes presentaron denuncias se identificaron, mientras que un 24% optó por hacerlo de manera anónima.

Referente a la aplicación del artículo 8.3 de la Ley 2/2023, del 20 de febrero, que obliga a notificar a la AICCyL sobre el nombramiento de responsables de asuntos internos de información, solo un escaso 1% de las entidades obligadas ha realizado dicha notificación, lo que suma un total de 68 avisos.

La AICCyL también recordó que el hecho de no cumplir con esta obligación de notificación no equivale necesariamente a la falta de implementación de un sistema de información conforme a la normativa exigida. Sin embargo, estas entidades siguen cometiendo una infracción leve por su falta de notificación.

Es oportuno recordar que en mayo de 2024 se aprobó la Ley 2/2024, que establece medidas tributarias, financieras y administrativas y que dio origen a la AICCyL, siendo el 20 de junio la fecha en que el titular tomó posesión de su cargo ante el Parlamento autonómico.

Esta Autoridad, cuya sede se encuentra dentro del Consejo de Cuentas de Castilla y León y que actúa con independencia tanto jerárquica como funcional, se ha constituido como un canal externo según la Ley 2/2023, brindando protección a quienes informan sobre irregularidades y promoviendo la lucha contra la corrupción.

La AICCyL tiene la función de sancionar, proteger a los denunciantes y ofrecer asesoría y capacitación en relación a la eficacia de las herramientas legales existentes para prevenir y combatir el fraude y la corrupción, así como desarrollar propuestas que fomenten altos estándares de integridad.

A pesar de los desafíos que enfrenta cualquier nueva institución, especialmente una regulada por una ley con "contradicciones y dificultades prácticas", la AICCyL ha logrado establecer su canal externo de información en los primeros seis meses de actividades, garantizando el anonimato y la confidencialidad para quienes deseen presentar denuncias.

Asimismo, la Autoridad ha implementado y divulgado los procedimientos para gestionar las informaciones y proteger a quienes reporten irregularidades, además de iniciar el Registro de Responsables de Sistemas Internos de Información.

En el plano organizativo, la AICCyL ha creado su plantilla inicial, ha nombrado a un Asesor, ha convocado el proceso de selección para un Letrado y ha consolidado su Plan Estratégico general, así como el de prevención y formación para el periodo 2024-2027.