En un caso que ha sacudido la seguridad de las instituciones penitenciarias, un grupo de cinco individuos ha sido señalado por intentar introducir hachís en el Centro Penitenciario de Valladolid. Mientras cuatro de ellos han llegado a un acuerdo con la Fiscalía, uno se encuentra prófugo y otro ha fallado en presentarse ante el tribunal.

Según fuentes jurídicas, los acusados, todos de origen marroquí, intentaban ingresar resina de cannabis en el centro penitenciario en agosto del año pasado. Durante una audiencia reciente, tres de ellos aceptaron diversas condenas que incluyen penas de prisión y multas, mientras que el absentista Mohamed L.H deberá comparecer ante el juez en las próximas semanas para aceptar su condena. En caso de no presentarse, se activará un proceso de búsqueda y captura similar al que enfrenta otra de las personas acusadas.

Las condenas pactadas, ante el juez del Juzgado de lo Penal número 3, implican un año de cárcel y una multa de 2.600 euros para Fad H.M, y 16 meses de prisión con la misma multa para Hamsa A.A. Por su parte, Mohamed A.S, quien enfrenta una agravante por reincidencia, ha recibido una sentencia de dos años de privación de libertad y la misma multa. Las penas para los primeros estarán suspendidas durante dos años, mientras que A.S deberá además cumplir 150 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad.

La Fiscalía había solicitado originalmente penas que ascendían a un total de trece años para los cinco implicados, incluyendo tres años para el reincidente. Este grupo fue interceptado en la madrugada del 29 de agosto de 2023, cuando intentaban llevar su carga prohibida al centro penitenciario utilizando un dron modificado para la ocasión.

Durante la operación, la Guardia Civil identificó su vehículo y halló en su interior un dron sin número de serie, así como el material necesario para el lanzamiento de objetos. Se trataba de dos tabletas de hachís, cuyo valor en el mercado negro alcanzaba los 1.313,87 euros, y fueron halladas en las proximidades del vehículo, con un miembro de la banda supervisando la operación.

Las investigaciones culminaron con la desarticulación de una red criminal que operaba en torno a varios centros penitenciarios, revelando un método sofisticado para introducir sustancias ilegales, donde se empleaban drones y otros recursos técnicos. Esta organización se había especializado en realizar entregas de manera rápida y efectiva, utilizando un sistema bien estructurado de coordinación entre sus miembros tanto dentro como fuera de las cárceles.

Además, se descubrió que el grupo utilizaba diversas estrategias para asegurar que las entregas se llevaran a cabo sin contratiempos, utilizando señales lumínicas y técnicas de geolocalización para facilitar el proceso. Las implicaciones de este tipo de operaciones no solo afectan la seguridad de los internos, sino también la integridad de quienes trabajan en estas instituciones.

La trama delictiva que ha salido a la luz refleja la complejidad del problema de la introducción de drogas en los centros penitenciarios y la necesidad urgente de medidas más efectivas para salvaguardar la seguridad en estos entornos.