VALLADOLID, 24 de julio. El consejero de Economía y Hacienda, así como portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha expresado su descontento por la escasa información que el Gobierno ha proporcionado a las comunidades autónomas en relación con el nuevo decreto sobre la reubicación de menores migrantes no acompañados. Fernández Carriedo ha plateado que solo el País Vasco parece estar preparado para afrontar esta situación, ya que no le será asignado ningún menor.

Durante una conferencia de prensa tras el Consejo de Gobierno, el consejero se refirió al decreto, que comenzará a aplicarse el próximo jueves, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Fernández Carriedo subrayó que tanto Castilla y León como otros territorios autonómicos han revisado el decreto y están considerando presentar un recurso debido a lo que considera una "distribución desigual" y una clara falta de diálogo y consenso por parte del Gobierno central.

El portavoz de la Junta hizo énfasis en que múltiples comunidades autónomas han manifestado su desacuerdo con esta tendencia de distribución desigual, independientemente de la inclinación política de cada una. Criticó enérgicamente que la decisión se tomara sin la consulta adecuada a las comunidades afectadas, lo que genera un profundo malestar.

Fernández Carriedo solicitó una aclaración al Gobierno sobre la disparidad en la asignación de menores, señalando que mientras Castilla y León asumirá 197, Cataluña solo recibirá 31 y el País Vasco no tendrá ninguna responsabilidad. Se quejó de la ausencia de documentación o informes que justifiquen esta desigualdad y de que el tema no fue discutido en las reuniones con las autonomías.

Además, el consejero denunció que han habido encuentros del Gobierno con partidos separatistas, donde se han tomado decisiones que han llevado a esta problemática en la distribución de menores migrantes. Por otro lado, alertó sobre el estado crítico de los recursos de la Junta, que se encuentran al límite, y reiteró que los menores no deben ser considerados un elemento de negociación política. “Debemos separar a los niños y niñas inmigrantes de esas conversaciones entre el Gobierno y los partidos separatistas”, afirmó, defendiendo la necesidad de establecer recursos específicos y adecuados para su atención.

Finalmente, Fernández Carriedo señaló la falta de claridad en cuanto a los plazos, métodos y condiciones bajo las cuales llegarán los menores a Castilla y León. Propuso que es necesario esperar a ver el documento completo y a formalizar el recurso que se ha anunciado.