VALLADOLID, 5 de junio. La Junta de Castilla y León ha logrado implementar el 91,4% del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias (PSIP) durante el periodo 2021-2024, destinando 787 millones de euros de los 860 millones contemplados. Esta cifra representa un esfuerzo significativo en la mejora de los servicios públicos de la región.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ofreció detalles sobre este logro en una reciente rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Según sus declaraciones, en el año 2024 se han invertido 231,4 millones de euros, superando en un 117,3% lo inicialmente programado para este ejercicio. Este resultado establece un récord desde el inicio del plan en 2021, con una parte considerable de los fondos dedicados a fortalecer los ámbitos de sanidad, educación y servicios sociales.

El informe presentado señala que la inversión de este año supera en 8,5 millones la del año anterior, así como en 62,3 millones la de 2022 y en 68,3 millones la de 2021. En 2023, se alcanzó el porcentaje más alto de ejecución del plan, con un 93,96%, en contraste con el 70,69% de 2022 y el 87,21% del primer año del programa.

Desde el comienzo del PSIP en 2021, la suma total invertida en esos sectores asciende a 786,5 millones de euros, alcanzando así el 91,4% de la meta de 860,8 millones fijada para este periodo. De acuerdo con el consejero, el año 2021 fue complicado, pues era justo posterior a la pandemia, y los recursos se destinaron principalmente a la recuperación, lo que limitó la ejecución inicial del plan. Sin embargo, la situación ha mejorado recientemente, superando la media histórica de ejecución.

El informe también destaca diversos desafíos durante la implementación del plan, tales como la complejidad en la tramitación de los fondos europeos, dificultades en los procesos de licitación y problemas relacionados con el aumento de los costes de materiales y la escasez de mano de obra, así como algunos abandonos de obras por parte de los licitadores, que han provocado retrasos en ciertos proyectos.

A pesar de estas dificultades, el portavoz enfatizó la importancia de la inversión pública en los sectores de salud, educación y servicios sociales, considerándola fundamental para asegurar el acceso universal a los servicios esenciales y promover el bienestar y la cohesión social a largo plazo en la comunidad autónoma.

“Las actuaciones del PISP se han enfocado en optimizar la prestación de los grandes servicios públicos que son competencias esenciales de la autonomía”, concluyó Fernández Carriedo, reafirmando su compromiso con el desarrollo local.