Un nuevo grupo de trabajo se formará con el fin de examinar detalladamente la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC), un plan que ha suscitado el rechazo de organizaciones agrarias, que lo consideran un intento de "desmantelar" la estructura tradicional de la PAC.

En un encuentro realizado en Valladolid el 22 de julio, María González Corral, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, instó al Gobierno de España a actuar con firmeza para proteger los principios fundacionales de la PAC. Esta solicitud surge en respuesta a un marco financiero propuesto por la Comisión Europea que, según González Corral, atenta contra la agricultura profesional de la región.

Durante la discusión en el Consejo Agrario, la consejera subrayó la urgente necesidad de presentar una respuesta colectiva y clara de la Junta y las organizaciones agrícolas ante la propuesta, que se opone totalmente a sus intereses, a tan solo días de ser divulgada.

Uno de los puntos críticos en esta controversia es la drástica reducción de financiamiento, donde la PAC perdería casi 100.000 millones de euros, bajando de 386.000 millones a menos de 294.000 millones. Se considera este recorte como inaceptable tanto por parte del Gobierno regional como de las agrupaciones agrarias.

González Corral lamentó también que la propuesta de la Comisión eliminaría dos estructuras fundamentales: el Feaga, que gestiona los pagos directos a los agricultores, y el Feader, que apoya el desarrollo rural. Según la consejera, esta modificación podría llevar a una reducción significativa de las ayudas disponibles, las cuales quedarán a decisión de los Estados miembros, lo que representaría una desigualdad de condiciones para los agricultores.

La consejera alertó que esta situación podría marcar un retroceso para la agricultura de la comunidad y solicitó de manera urgente la convocatoria de una reunión con el ministro de Agricultura, Luis Planas, en colaboración con otras comunidades autónomas manifestando su preocupación.

Asimismo, mirando hacia el futuro, González Corral hizo un llamado a los europarlamentarios y gobiernos a respaldar una PAC justa durante los debates que se llevarán a cabo en el marco europeo en los próximos años. Se comprometió a mantener comunicación con los representantes del Partido Popular en el Parlamento Europeo y a hacer uso de su posición en el Consejo de Agricultura y Pesca para representar adecuadamente las necesidades de las comunidades autónomas españolas.

En el Consejo Agrario se llegó a un consenso para crear un grupo de trabajo que reúna a representantes de las organizaciones agrícolas y de la Consejería. El objetivo es analizar minuciosamente los documentos presentados y los futuros debates, con el fin de alcanzar políticas agrarias equitativas y con un presupuesto robusto.

Desde las organizaciones agrarias, el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, reafirmó su oposición a la nueva propuesta de la PAC, pidiendo unidad en la lucha tanto a nivel regional como nacional. Dujo advirtió que la reducción del presupuesto podría significar una pérdida de 265 millones de euros para la comunidad, cifra que se elevaba a 460 millones si se consideraba la inflación, instando a movilizar a los gobiernos europeos para modificar esta propuesta.

Aurelio González, representante de UPA-COAG, expresó su preocupación por que la Comisión Europea, con esta propuesta, pretende desviar fondos agrícolas a fines de defensa, instando a la creación de un frente común que no solo involucre a la Junta y las organizaciones, sino también al ministro, para unir fuerzas y convencer a otros países europeos.

Jesús Manuel González Palacín, presidente de Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), se unió a las críticas, asegurando que no hay ningún aspecto positivo en la propuesta, que califica de "la antesala del desmantelamiento de la PAC". Reclamó una estrategia enfocada en fomentar alianzas y prioridades como el incremento del presupuesto, la redirección de las ayudas directamente a los agricultores y la reducción de la burocracia, además de exigir la implementación de las cláusulas espejo.