VALLADOLID, 12 de diciembre.

En el marco de un debate que continúa dividiendo a la sociedad española, se ha hecho público el informe de evaluación anual 2023 sobre la eutanasia, presentado por el Ministerio de Sanidad. Este informe revela que, durante el año pasado, en la comunidad autónoma de Castilla y León se registraron un total de 27 solicitudes para recibir asistencia para morir. De estas, 12 solicitudes fueron finalmente llevadas a cabo, lo que equivale a un 44 por ciento del total, una cifra que invita a la reflexión sobre el alcance y la implicación de esta legislación.

Desde que se promulgó la ley que legaliza la eutanasia en España en junio de 2021, y hasta finales de 2023, se han contabilizado un total de 1.515 solicitudes en todo el país. La cifra muestra un incremento progresivo: 173 solicitudes en 2021, 576 en 2022 y un notable aumento hasta las 766 en 2023, lo que plantea interrogantes sobre la percepción social de esta práctica y su normalización en el ámbito sanitario.

El mencionado estudio indica que, de las 27 solicitudes en Castilla y León, un grupo significativo de quienes pidieron asistencia para morir, 11 eran hombres y 16 mujeres. En cuanto a las condiciones de salud de los solicitantes, resalta que las patologías predominantes entre ellos fueron las enfermedades neurológicas y oncológicas, un dato que no solo refleja el sufrimiento personal de estos pacientes, sino que también plantea dilemas éticos profundos sobre el final de la vida y el papel del sistema sanitario.

A nivel nacional, Cataluña se posiciona como la comunidad con más solicitudes, alcanzando las 219, seguida de Madrid con 89 y Canarias con 62. Otras regiones como el País Vasco, Comunidad Valenciana y Andalucía también presentan cifras significativas, mientras que comunidades como La Rioja, Murcia y Extremadura presentan los números más bajos. Este patrón geográfico podría ser indicativo de diferentes actitudes culturales y sociales hacia el derecho a morir con dignidad.

Además, el informe señala que existe la opción de que los solicitantes puedan retractarse de su decisión de solicitar ayuda para morir. En el último año, se documentaron un total de 21 revocaciones a nivel nacional, de las cuales dos se llevaron a cabo en Castilla y León. Este aspecto resalta la complejidad emocional que envuelve el proceso de toma de decisiones en torno al final de la vida y pone de manifiesto la necesidad de acompañamiento y apoyo en momentos tan delicados.