En un reciente encuentro en Bruselas, la Junta de Castilla y León ha hecho un llamado firme a la Comisión Europea respecto a la distribución de los fondos de cohesión territorial. La administración regional ha expresado la necesidad de que las comunidades autónomas tengan un papel protagónico en las decisiones relacionadas con la asignación de dichos recursos, permitiéndoles decidir cómo utilizar esos fondos de manera efectiva en los mecanismos que más les convengan.

Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, ha enfatizado esta crítica participación durante su intervención en el 163 Pleno del Comité Europeo de las Regiones. En este contexto, ha resaltado la importancia de que se reconozcan y consideren las realidades específicas de Castilla y León, con el objetivo de implementar políticas que generen nuevas oportunidades para el futuro de la comunidad.

La señora Blanco, quien también ocupa el cargo de consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha formado parte de dos dictámenes significativos durante este Pleno: uno enfocado en la cohesión territorial y otro en la cooperación transfronteriza. Según su criterio, estos debates son cruciales para una región como Castilla y León, que presenta características de dispersión y que, por lo tanto, requiere iniciativas concretas en estas áreas desde el ámbito europeo.

Asimismo, la ubicación geográfica de Castilla y León, que limita con Portugal, subraya su condición de comunidad transfronteriza, lo que hace de la cooperación territorial una necesidad esencial para su desarrollo. La vicepresidenta ha recordado que en estas comunidades, fenomenales en tamaño y dispersión, los costos de prestar servicios como sanidad, educación y atención social son un 50% superiores en comparación con otras regiones, lo cual exige la implementación de reformas que simplifiquen la administración y reduzcan la burocracia.

Para alcanzar una colaboración interterritorial más eficaz y provechosa, Isabel Blanco ha instado a que se adopten medidas que permitan la unificación de normativas, facilitando así la provisión de estos servicios esenciales y fomentando un desarrollo territorial más alineado y eficiente. Este enfoque, según su perspectiva, es fundamental para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León y fortalecer su futuro.