El próximo 5 de mayo, se llevará a cabo una concentración ante la Consejería de Educación de Castilla y León, organizada por los sindicatos que representan a las universidades públicas de la región. El objetivo de esta movilización es visibilizar la “infrafinanciación” que afecta a estas instituciones y la desigualdad salarial que sufren los profesores. La situación ha llevado a los docentes a extender sus quejas sobre el tarifario de sueldos en comparación con el Personal Titular Universitario (PTU).

Los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y STECyL están al frente de esta protesta, señalando las notables diferencias salariales entre los Profesores Permanentes Laborales (PPL) y los Contratados Doctores (PCD) en comparación con el Personal Titular Universitario. Según los organizadores, mientras un Profesor Ayudante Doctor percibe el 80,7% del salario de un PTU, un PPL se queda en el 88,5%. Sin embargo, ambos grupos laborales enfrentan una discriminación adicional: sus ingresos son considerablemente inferiores a los de sus colegas en otras comunidades autónomas.

Roberto Fernández, representante de CSIF, destaca que existe una revisión legislativa que busca nivelar los derechos de los PPL y PCD con los de los titulares universitarios, pero la ley vigente, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), no ha sido implementada de manera efectiva por la Junta. Fernández subraya que este vacío normativo es inaceptable y exige una equiparación real del salario entre el personal laboral y el funcionario.

Los sindicatos también lamentan que la Junta no ha establecido regulaciones claras para el funcionamiento de la LOSU, lo que, según la representante de STECyL, Cristina Fulcones, agrava la problemática. Fulcones pide que se establezcan marcos de negociación claros que garanticen una financiación justa y adecuada, alertando sobre el riesgo que corre la calidad del sistema universitario si no se toman medidas.

Con miras a enfrentar esta crisis, los sindicatos han solicitado que se modifique la Ley de Universidades de Castilla y León, la cual está desactualizada desde su última reforma en 2017. Beatriz García, de UGT, señala que estas reformas son vitales para más de 11.000 trabajadores del sector, incluidos técnicos, administrativos, docentes e investigadores de las universidades públicas.

Entre otras medidas, los sindicatos exigen la actualización del Decreto 67/2013, que regula el régimen del personal docente investigador contratado. Esto es crucial para garantizar los derechos de los nuevos tipos de PDI Laboral y cumplir con la LOSU. También insisten en la necesidad de reformar el Decreto 132/2002, que establece los complementos retributivos autonómicos, ya que estos no han sido revisados en más de dos décadas.

Fernández critica que los complementos salariales están completamente desfasados y deben ser incrementados y revisados conforme a la LOSU, que incluye nuevas funciones vinculadas a la innovación y transferencia de conocimiento, las cuales no están contempladas en la normativa actual.

La situación es aún más grave dado el “bloqueo” en la negociación colectiva del personal laboral en las universidades, una situación que, según CSIF, no se ha resuelto en más de diez años. Este estancamiento se justifica por la falta de recursos económicos, lo que limita las opciones de las universidades para cumplir con sus obligaciones laborales y las normativas vigentes.

Ante este panorama, los sindicatos hacen un llamado a la Junta de Castilla y León para que libere fondos específicos destinados a la mejora de las condiciones laborales del personal. Cristina Fulcones, de STECyL, subraya la necesidad de restablecer un Diálogo Social efectivo, que se ha perdido, y critica la falta de aprobación de las plazas acordadas para el personal en conformidad con la LOSU.

Esta inacción de la administración autonómica, según Fulcones, limita la creación de nuevas plazas a través de una tasa de reposición, lo que, a su vez, compromete la oferta de empleo público y afecta especialmente a los docentes más vulnerables, dificultando la necesaria estabilización que pide la LOSU.