Una investigación llevada a cabo por la Policía Nacional ha identificado a ocho víctimas de corrupción de menores, dos de las cuales también sufrieron agresiones sexuales, en un escandaloso caso de distribución de pornografía infantil en Internet. Esta investigación, que concluyó recientemente, reveló la existencia de más de 120.000 archivos multimedia que datan desde 1999 hasta el 2023, demostrando la gravedad y extensión de los delitos cometidos.

Los presuntos responsables de estos horrendos actos, un hombre y una mujer, fueron capturados a finales de 2023 y se encuentran ahora tras las rejas, después de que las autoridades localizaran el lugar desde el cual se compartían estos archivos ilegales, en un inmueble de la provincia de Valladolid.

Una de las víctimas identificadas sufrió el abuso de haber sido fotografiada en situaciones sexuales durante una década, mientras que otra, grabada durante tres años, fue finalmente ubicada en Latinoamérica gracias a la colaboración internacional.

Las investigaciones sobre el material gráfico encontrado revelaron que las imágenes eran capturadas desde la vivienda del supuesto perpetrador, sin el conocimiento de las víctimas, mientras se bañaban desnudas o vestían ropa interior, utilizando cámaras fotográficas y de video profesionales para estos despreciables fines.

Además, se descubrió que una mujer también participaba en las grabaciones, siendo identificada y detenida en un municipio de la provincia de Ávila.

La lucha contra la corrupción de menores en la web es una prioridad para la Policía Nacional, lo que llevó al descubrimiento de esta operación ilegal en la que se compartían archivos de pornografía infantil en la provincia de Valladolid a nivel mundial.

Después de meses de investigación, se logró identificar plenamente al responsable en un municipio de Valladolid, lo que permitió obtener una autorización judicial para ingresar y registrar su domicilio.

Durante la inspección, los agentes descubrieron una habitación que servía como despacho, donde encontraron una pizarra con imágenes de niñas de corta edad de naturaleza sexual impresas en ella.

La revisión detallada de la vivienda reveló más de 120.000 archivos multimedia con contenido ilegal en uno de los ordenadores, incluyendo subcarpetas con archivos clasificados por nombres de pila de niñas y algún niño, todos menores de edad.

La investigación sobre este material permitió determinar que las agresiones sexuales habían sido cometidas por el propio responsable, quien además guardaba ropa interior de niñas y fármacos sedantes en una maleta encontrada durante la intervención policial.

Gracias a un exhaustivo análisis forense del material incautado, se logró identificar a ocho víctimas en total, confirmando que dos de ellas habían sido abusadas sexualmente. Este escabroso caso es un claro ejemplo de la importancia de combatir activamente estos delitos atroces que atentan contra la integridad de los más vulnerables en nuestra sociedad.