VALLADOLID, 12 de junio.

Unas 200 personas se han reunido frente a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León en Valladolid para manifestar su descontento por el incumplimiento por parte del gobierno autonómico de la reclasificación de personal acordada en el convenio colectivo, que afecta a alrededor de 13,000 trabajadores.

La protesta fue organizada por los sindicatos UGT, CCOO y CGT, quienes sostuvieron una pancarta que exigía que “el consejero de la Presidencia cumpla lo firmado. ¡Reclasificación profesional ya!”, además de exhibir banderas y carteles solicitando la implementación de esta medida. La manifestación estuvo acompañada de música y el sonido de silbatos.

Los representantes de los sindicatos presentes en la protesta hicieron un llamado al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, para que cumpla con el acuerdo del convenio firmado en 2023, que debía ser efectivo desde el 1 de enero de este año y beneficia a 13,000 empleados públicos.

Este ajuste implica una alineación entre los puestos de trabajo y las titulaciones requeridas. Los sindicatos sostienen que su implementación traería mejoras tanto a la administración autónoma como a los trabajadores, quienes actualmente no reciben la retribución adecuada ni el reconocimiento de sus competencias ampliadas, dejando sin efecto los complementos y escalas salariales pertinentes.

Además, los participantes criticaron la anulación de la mesa negociadora programada para el miércoles, lo cual no ocurrió tras la concentración que tuvo lugar frente a la Junta.

En este contexto, el coordinador del Sector Autonómico de Comisiones Obreras, Juan Carlos Hernández, subrayó que la reclasificación establecida en el convenio es “innegociable”. Sin embargo, cuestionó el comportamiento del consejero, quien, según él, actúa “como un niño enfadado” al no aceptar los términos y el contexto en que debe desarrollarse la negociación.

Hernández también expresó su incredulidad ante la falta de acción del consejero, sugiriendo que es inaceptable que un funcionario juegue con los derechos y la subsistencia de los empleados públicos de Castilla y León.

Por su parte, Carlos Arenas, vicesecretario de UGT Servicios Públicos, destacó que la reclasificación es esencial para adaptar las categorías al sistema educativo, y su falta no solo obstaculiza la profesionalización del personal, sino que también impide los incrementos retributivos acordados y afecta el funcionamiento general de la Administración Pública.

El coordinador de personal laboral de CGT, Alberto García Sanz, coincidió en que la reclasificación debería considerarse como parte de una actualización necesaria para acceder a la Función Pública, lo cual es beneficioso para la calidad del servicio. Sin embargo, también enfatizó la necesidad de que las nuevas titulaciones vengan acompañadas de un aumento en las competencias, algo que es crucial para el desempeño adecuado de los funcionarios.

García Sanz calificó de vergonzosa la situación, afirmando que es inaceptable que un político no cumpla con un compromiso firmado que debía ser efectivo desde el 1 de enero de 2025. Criticó además la cancelación de la negociación tras la concentración pacífica en defensa de los derechos laborales.

En cuanto a la situación en otras administraciones, Arenas explicó que mientras la Administración General del Estado avanza en la adaptación de categorías y reclasificación, en Castilla y León hay un visible estancamiento. Lamentó que el actual consejero, quien también firmó el convenio, no esté tomando acciones al respecto.

Arenas denunció la falta de respuesta por parte del consejero, quien canceló repentinamente una reunión con los sindicatos por realizar la manifestación, acusándolo de emplear una táctica “totalmente trumpista” en su trato con los representantes laborales.

El representante de UGT reiteró la disposición a desconvocar cualquier movilización si se lograra un acuerdo, pero destacó la gravedad de la postura del consejero, acusándolo de menospreciar a los trabajadores a los que debe representar.

En este contexto, los sindicatos han reafirmado su intención de continuar luchando, afirmando que no permitirán que un asunto tan crucial como la reclasificación profesional se mantenga sin avances. Criticaron la falta de acción por parte de la Junta y la actitud del consejero, a quien llamaron “holograma” por su aparente ausencia en la resolución de estas problemáticas.

También advirtieron que no se descartan futuras movilizaciones, incluyendo la posibilidad de huelgas y encierros, para asegurar que se tomen las medidas necesarias en esta importante cuestión para los empleados públicos de Castilla y León.