El reciente informe urbanístico emitido por el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga señala que el proyecto de ampliación del vertedero de residuos industriales peligrosos debe ser archivado debido a su naturaleza negativa.

En esta ocasión, Ecologistas en Acción ha levantado la voz contra la actuación de la Consejería de Medio Ambiente, acusándola de intentar llevar a cabo una ampliación no autorizada que añadiría 125.000 metros cúbicos de capacidad al millón que ya cuenta el vertedero. Este intento, afirman, se hace en vista de la inminente colmatación de las instalaciones y se apoyaría en una declaración de impacto ambiental que se someterá a consideración del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio en el día de mañana.

La solicitud de ampliación proviene de Centro de Transferencias, S.A. (Cetransa), perteneciente al grupo Urbaser, y contradice tanto la declaración de impacto ambiental de 2014 como la autorización ambiental vigente del vertedero. Así, la iniciativa carece de fundamento en las declaraciones de Proyecto Regional otorgadas por la Junta en 2015, lo que añade un matiz de ilegalidad a la propuesta.

El informe negativo emitido por el Ayuntamiento en junio es de carácter vinculante y establece que "la ampliación proyectada y la modificación sustancial derivada no son autorizables", citando el artículo 145 del Plan General de Ordenación Urbana del municipio, que prohíbe explícitamente tal expansión del Centro de Tratamiento de Residuos de Cetransa.

A pesar de esta clara indicación, Ecologistas en Acción sostiene que la Consejería de Medio Ambiente busca evadir las consecuencias legales del informe, lo que podría abrir la puerta a irregularidades en el proceso. Según el grupo ecologista, el informe determina el archivo de las actuaciones según la legislación vigente sobre la evaluación de impacto ambiental, una normativa que parece estar siendo ignorada.

La organización ecologista critica lo que consideran un “trato de favor inaceptable” por parte de la Junta de Castilla y León hacia Cetransa y Urbaser, recordando que estas compañías ya habían recibido beneficios en 2001 mediante una ley posteriormente declarada inconstitucional que les permitió el funcionamiento del vertedero tras la anulación de sus licencias municipales por el Tribunal Supremo.

Ecologistas en Acción ha anunciado que propondrá en la reunión del consejo que se rechace la solicitud de evaluación de impacto ambiental, subrayando la inviabilidad del proyecto por su incumplimiento de las normativas urbanísticas actuales. Además, instarán al archivo del expediente de autorización ambiental y advertirán sobre las posibles responsabilidades legales que podría acarrear la aprobación del proyecto por parte del Consejo.

Por otra parte, también se recordará la urgente necesidad de actualizar el anticuado Plan Integral de Residuos de Castilla y León, el cual fue aprobado hace diez años y cuya revisión intentó la Junta de manera encubierta, lo que fue anulado por una sentencia judicial en marzo pasado. Esta revisión se percibe como un intento de consolidar la posición de Castilla y León como un destino de residuos industriales peligrosos en España.

Es importante señalar que el vertedero de Santovenia de Pisuerga, en funcionamiento desde junio de 1993, ha sido foco de numerosos incidentes a lo largo de su historia, incluyendo vertidos de residuos prohibidos, escapes de sustancias contaminantes y problemas estructurales, lo que indica una grave falta de control ambiental. En la actualidad, acoge más de un millón de toneladas de residuos peligrosos, siendo un porcentaje significativo de estos provenientes de fuera de la región.