El pasado 8 de abril en Valladolid, se desató una controversia entre los ecologistas y la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León. La organización Ecologistas en Acción ha expresado su descontento al denunciar que se ha propuesto la firma de un convenio entre diversas entidades locales y diputaciones para establecer una única planta de incineración de residuos en la comunidad. Esta estrategia, según ellos, busca concentrar el tratamiento de los desechos de todos los centros de tratamiento de residuos domésticos, dejando de lado alternativas más distribuidas y posiblemente más eficientes.

Según los ecologistas, un borrador del convenio al que han tenido acceso menciona que la incineradora tendría una capacidad mínima de procesamiento de 350.000 toneladas de residuos al año, lo que representa un considerable 40% del rechazo producido anualmente en los centros de tratamiento en la región. Sin embargo, advierten que esta cantidad podría elevarse hasta medio millón de toneladas debido a los bajos niveles de recuperación de residuos en Castilla y León y la inclusión de materiales de calidad cuestionable como compost y digestato.

Ecologistas en Acción destaca que esta nueva macroincineradora sería más grande que la instalada en Valdemingómez, en Madrid, y que cientos de camiones se encargarían de transportar desechos de toda la comunidad, generando un considerable flujo de basura que, según sus palabras, sería insostenible.

A nivel nacional, sólo existen once incineradoras de residuos domésticos, todas situadas en áreas muy pobladas, debido a los altos costes asociados que requieren tratar grandes volúmenes de desechos. La gestión de esta macroincineradora estaría a cargo de una entidad pública, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), que ha sido acusada de falta de transparencia en sus operaciones.

Bajo este convenio, las entidades locales tendrían la obligación de entregar, como mínimo, un 90% de los desechos generados en sus municipios. Además, tendrían que pagar por la incineración a un costo de 90 euros por tonelada, lo que podría resultar en penalizaciones económicas si no alcanzan la cantidad mínima establecida, lo que genera preocupación sobre la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto.

Además, el contrato de asociación se extendería por un periodo de cuarenta años a partir de la operación de la incineradora, prevista para 2029, lo que representaría un cambio significativo en la política de gestión de residuos en Castilla y León, un hecho que, según Ecologistas en Acción, se ha mantenido en silencio hasta poco tiempo antes de la firma del convenio, para evitar una discusión abierta entre las entidades y la ciudadanía.

Este acercamiento hacia la incineración de residuos ha sido calificado como contradictorio con la legislación existente en la UE y en España, que prioriza el reciclaje. Ecologistas en Acción señala que los centros de tratamiento de residuos ya disponen de instalaciones para el compostaje y la producción de biogás, que son infraestructuras aptas para aprovechar de manera más sostenible los residuos orgánicos.

A pesar de las instalaciones existentes, se estima que solo un 16% de los residuos domésticos se recogieron de manera selectiva en la comunidad en 2022, y esto ha llevado a una recuperación muy por debajo del 50% exigido legalmente, lo que plantea serias dudas sobre la viabilidad de este nuevo enfoque.

El colectivo ecologista ha advertido que la imposición de entregar residuos de manera sistemática sufrirá un impacto negativo en las iniciativas de reducción, reutilización y reciclaje, lo que iría en contra de la autonomía local en la gestión de residuos. Además, han señalado que los riesgos de salud pública derivados de las emisiones de contaminantes de la macroincineradora son inaceptables.

Frente a esta situación, Ecologistas en Acción ha pedido la retirada de esta propuesta, abogando por un enfoque más participativo en el desarrollo de un nuevo Plan Regional de Residuos que respete las directrices legales y priorice la economía circular y el reciclaje como vías principales para abordar la problemática de los residuos municipales en la región.