El Consejo Consultivo de Castilla y León ha determinado que la Junta tiene todo el poder necesario para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía.

El análisis realizado sostiene que hay razones sólidas para argumentar que la Ley de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña no se ajusta a la Constitución Española vigente; por lo tanto, su aprobación, de acuerdo con los principios y valores constitucionales, requeriría una reforma previa de la Constitución.

La elaboración de este análisis estuvo a cargo del presidente del Consejo Consultivo, Agustín S. de Vega, y fue aprobado el 8 de agosto por mayoría de votos, con un voto particular.

El dictamen establece que la Ley de Amnistía va en contra del derecho de igualdad (artículo 14 de la CE) y los principios de prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica (artículo 9.3 de la CE), así como los artículos 117 y 118 de la Constitución que se refieren al Poder Judicial, en relación con el principio de separación de poderes.

Pese a esto, se considera que la utilización del procedimiento legislativo de urgencia para aprobar la "Proposición de Ley de Amnistía" no vulnera la Constitución ni el bloque de constitucionalidad.

El Consejo Consultivo, una institución propia de la Comunidad (según el artículo 19.2 del Estatuto de Autonomía), tiene como objetivo dictaminar antes de que la Administración tome decisiones, garantizando su conformidad con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

En este caso, el Consejo Consultivo ofrece a la Junta de Castilla y León elementos necesarios para decidir si interponer el recurso de inconstitucionalidad contra la ley estatal, asegurando la mayor garantía jurídica posible.

Por tanto, el dictamen respalda la postura expresada en mayo por el Consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, de recurrir con rapidez ante el Tribunal Constitucional la Ley de Amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados, argumentando que atenta contra el Estado de Derecho, la igualdad y la Constitución.

González Gago explicó que una vez se publique el texto final en el BOE, los servicios jurídicos presentarán el recurso de manera inmediata y contundente.

Respecto a los plazos, el consejero mencionó que el texto elaborado por los servicios jurídicos debe pasar por el Consejo Consultivo y luego ser aprobado por el Consejo de Gobierno, no pudiendo exceder los tres meses establecidos para presentar el recurso ante el Constitucional.

González Gago reiteró que la Ley de Amnistía vulnera el Estado de Derecho, la igualdad y la Constitución, y anticipó que el recurso que están preparando los servicios jurídicos es contundente y sólidamente argumentado, haciendo difícil que el Tribunal Constitucional no lo analice detenidamente.