El pasado viernes, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) convocó a las Comunidades Autónomas a una reunión de la Comisión Sectorial de Medio Ambiente. En la agenda se incluía, entre otros temas cruciales, la aprobación de informes sexenales que deben ser enviados a Bruselas antes del cierre de julio, entre los cuales destaca el censo del lobo.

Según informaron fuentes del ministerio a Europa Press, si algunas Comunidades Autónomas no logran aprobar el censo, el Gobierno podría decidir enviar el informe a Bruselas señalando las discrepancias existentes entre las diversas regiones.

El debate sobre el censo del lobo iba a realizarse en una Comisión Sectorial programada para finales de junio, pero las CCAA gobernadas por el Partido Popular solicitaron una nueva reunión tras manifestar que no habían recibido información suficiente al respecto. Esta afirmación fue posteriormente desmentida por el propio ministerio.

La Comisión, que agrupa a directores generales y no a consejeros autonómicos, ha recibido críticas por parte del PP, que ha calificado su tono de “bronco y despectivo”, lo que llevó a varias comunidades a pedir la dimisión del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, por su actitud durante la reunión.

Según fuentes del ministerio, el censo actual del lobo indica la existencia de 333 manadas, un aumento del 12% en comparación con el anterior, y entre 1.600 y 1.700 individuos. Con base en estos datos, se argumentó que la especie se encuentra en un estado “desfavorable” en España, lo que implica, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2024, la prohibición de controles letales.

A lo largo de la Comisión, varias autonomías expresaron su preocupación por lo que consideran “deslealtad institucional” al publicar un documento estatal que no había recibido la aprobación competencial de la Conferencia Sectorial, siendo este un análisis técnico que debería haber sido consensuado y que, a juicio del PP, no se corresponde con los estudios de cada comunidad.

La ministra Aagesen respondió a estas afirmaciones a través de una carta, defendiendo que su departamento siempre actúa de “buena fe” y con “respeto institucional”. A pesar de las tensiones pasadas, mostró su optimismo de que la próxima reunión se desarrollaría en un ambiente de “diálogo constructivo y cooperación”.

Además, Aagesen aclaró que el informe sexenal sobre la población de lobos para el periodo 2019-2024 no se había hecho oficial antes de la reunión de la Comisión, enfatizando que fue enviado a las comunidades el 26 de junio, un día antes de la discusión.

En un tema relacionado, el Defensor del Pueblo ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en contra de ciertas disposiciones de la Ley 1/2025 sobre la Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, las cuales, en la práctica, podrían permitir la reanudación de la caza del lobo en España.