VALLADOLID, 20 de septiembre.

La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación en Valladolid que culminó con la detención de dos empresarios del sector de la construcción. Estos individuos son sospechosos de haber contratado trabajadores de manera ilegal, sin registrarlos en la Seguridad Social.

La investigación comenzó tras una inspección conjunta realizada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, junto con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid. Esta colaboración entre distintas autoridades se centró en detectar irregularidades en la contratación laboral dentro de la construcción.

El 12 de febrero, las autoridades realizaron una vigilancia operativa en un proyecto de edificación en una localidad de Valladolid, donde se estaban llevando a cabo trabajos para construir un nuevo conjunto habitacional.

Durante la inspección, se descubrió un grupo de siete trabajadores. Al ser interrogados, varios de ellos presentaron identidades falsas e incluso dos de estos afirmaron tener la misma información de filiación, lo que llevó a su traslado a comisarías para verificar sus identidades.

Las indagaciones policiales revelaron que seis de los trabajadores pertenecían a una empresa recientemente constituida, que formalizó su existencia en el mismo mes de la inspección mediante la transferencia de participaciones de otra compañía. Sin embargo, cambiaron su nombre y nombraron a dos nuevos administradores.

Curiosamente, el séptimo individuo resultó ser uno de esos administradores, quien intentó ocultar su papel empresarial al identificarse con datos ficticios, intentando hacerse pasar por un empleado más en la obra.

De los seis trabajadores identificados, todos eran extranjeros sin contrato laboral ni alta en la Seguridad Social; además, cinco de ellos se encontraban en una situación administrativa irregular, sin los permisos necesarios para residir y trabajar en España.

El sexto integrante del grupo contaba con una situación de estancia legal, aunque igualmente carecía de autorización para ejercer actividad laboral en el país.

La investigación reveló que la lista de trabajadores proporcionada por el empresario contratista no incluía a ninguno de los auténticos empleados en la obra que fue objeto de inspección. Se determinó que la empresa tenía un total de seis trabajadores, todos sin registro en el sistema de la Seguridad Social ni autorización para trabajar legalmente en España. Esto llevó a la conclusión de que los empresarios habían tomado la decisión consciente de contratar a estos individuos sabiendo que su situación no les permitía trabajar de forma legal.