Garoña: Luz verde para el desmantelamiento de su central nuclear
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha autorizado el inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, en la provincia de Burgos. Esto se ha llevado a cabo a través de una orden ministerial que también autoriza la transferencia de titularidad de la instalación de Nuclenor a Enresa, encargada del desmantelamiento, el cual comenzará en los próximos días.
El proyecto, informado favorablemente en mayo por el Consejo de Seguridad Nuclear, consta de dos fases que se llevarán a cabo hasta el año 2033. El presupuesto para este proyecto, excluyendo la gestión del combustible gastado, asciende a 475 millones de euros y se espera que hasta 350 personas trabajen simultáneamente en él.
En la primera fase, que abarcará desde 2023 hasta 2026, se desmontarán los sistemas, estructuras y componentes del edificio de la turbina. También se realizarán las modificaciones necesarias en los sistemas e instalaciones para gestionar los residuos resultantes y se trasladará el combustible gastado desde la piscina hasta el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central.
Posteriormente, en la segunda fase, que se llevará a cabo entre 2027 y 2033, se realizará el desmantelamiento final de los edificios radiactivos. También se llevarán a cabo las descontaminaciones, desclasificaciones y demoliciones necesarias. Por último, se llevará a cabo la restauración del emplazamiento.
El MITECO ha autorizado el inicio de este proyecto después de que se sometiera a información pública entre marzo y abril de 2021. También se obtuvo el informe favorable del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear en mayo y se obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental, que establece las condiciones del proyecto.
La transferencia de la titularidad de la central de Nuclenor a Enresa, que se espera que ocurra en los próximos días, es el único paso que queda antes de que las obras puedan comenzar en el terreno.
En el año 2020, se iniciaron acciones en los 27 municipios donde se ha identificado un impacto en el empleo y la renta como resultado del cierre de la central. Estas acciones se llevaron a cabo como parte del Plan de Acción Urgente de la Estrategia de Transición Justa para las áreas afectadas por el cierre de instalaciones sin planes de reactivación.
En mayo de 2021, el MITECO, la Junta de Castilla y León, el Gobierno Vasco y los municipios firmaron un Protocolo de Actuación para la elaboración de un convenio de transición justa para Garoña, en relación al cierre de la central nuclear.
El Instituto para la Transición Justa (ITJ) ha destinado 7,7 millones de euros a 12 proyectos municipales para revitalizar la zona. Estos proyectos se financian mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y abarcan áreas como la salud y el bienestar social, el turismo, la revitalización de edificios, la restauración ambiental y la gestión de biomasa. Además, se está trabajando en una nueva convocatoria para este tipo de proyectos.
Además, se están tramitando líneas de ayudas para empresas y pequeños proyectos de inversión en la zona, cuya resolución se espera para finales de año.
La central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en el Valle de Tobalina, en la provincia de Burgos, tenía una potencia instalada de 466 MW. Fue inaugurada en 1971 y se desconectó de la red eléctrica en diciembre de 2012, después de que Nuclenor comunicara su decisión de no continuar operándola.
En julio de 2013, se declaró el cese definitivo de operaciones, aunque esta decisión no se debió a razones de seguridad nuclear o protección radiológica. En mayo de 2014, Nuclenor presentó una solicitud de renovación de la autorización, que fue denegada en agosto de 2017 por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
En ese momento, Enresa comenzó los trabajos preparatorios para el desmantelamiento y diseñó el proyecto en dos fases.