El día 6 de junio, en Zamora, varios grupos han llevado sus inquietudes a los juzgados al denunciar presuntas irregularidades en la gestión del servicio ferroviario, específicamente en relación con la eliminación de paradas de tren en Sanabria. Los denunciantes, que incluyen a Unión el Pueblo Leonés (UPL), la asociación Viriatos, Terra SOStenible y Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora, han presentado una demanda que apunta a la responsabilidad de altos cargos de Renfe, Adif, el secretario de Estado de Transportes e incluso al alcalde de Vigo, a quien consideran un instigador de esta decisión.

La cuestión gira alrededor de la reestructuración de los servicios de Renfe, que comenzará a aplicarse el 9 de junio y que implica la eliminación de varias paradas en la estación de Sanabria Alta Velocidad. Esta estación, ubicada en la línea que conecta Madrid con Galicia, cercana a la frontera entre Castilla y León y Orense, ha sido objeto de protestas por parte de la comunidad local, especialmente por la supresión de trenes en horario matutino, tanto de ida como de vuelta.

Frente a esta problemática, los grupos mencionados han decidido buscar justicia a través de los tribunales. La abogada Pilar Calvo, quien se ha encargado de presentar la demanda, ha compartido detalles relevantes a las puertas del tribunal. Destacó que, junto a la denuncia, se solicita la adopción de medidas cautelares para asegurar que los servicios matinales sigan funcionando mientras se esclarece la situación legal.

Calvo ha hecho hincapié en los aspectos relevantes que rodean esta decisión, como las expropiaciones necesarias para el desarrollo de la infraestructura ferroviaria, su impacto ambiental en la región y el contexto de la estación inaugurada en 2021. En sus declaraciones, la abogada citó afirmaciones del presidente de Renfe que justifican la eliminación de las paradas en Sanabria con base en un supuesto interés público, remarcando que este tipo de decisiones debe seguir ciertos trámites legales que incluyen la consulta a las partes interesadas y una declaración formal del Ministerio de Transportes, pasos que, según ella, no se han cumplido.

Para la abogada, esta reducción de servicios constituye una “decisión injusta y deliberada”, la cual podría encajar en el marco de un posible delito de prevaricación. Subrayó que el tren, al ser un servicio público, no puede ser privatizado de facto al eliminar frecuencias. Además, mencionó que el Gobierno destina anualmente una compensación a Renfe y Adif para cubrir los servicios deficitarios, ascendente a 918 millones en 2025, lo que hace aún más cuestionable la decisión de suprimir paradas y frecuencias.

Calvo también aclaró que la tipificación del presunto delito podría conllevar una pena de prisión de hasta ocho meses junto con la inhabilitación para ocupar un cargo público por un período de entre seis meses y dos años. Aunque la demanda ha sido presentada en Zamora, se ha dejado abierta la posibilidad de que, al afectar a otras regiones, el caso pueda ser elevado a la Audiencia Nacional.