El procurador por Valladolid en el Grupo Mixto, Francisco Igea, ha presentado una solicitud de "reconsideración y anulación" del acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, en el que se le quitó el derecho a la dedicación exclusiva. Esta decisión contó con el apoyo de Vox y el voto de calidad del presidente del Parlamento autonómico, Carlos Pollán, también de Vox. Igea ha denunciado que esta medida es una arbitrariedad impulsada por un adversario político.

Igea ha expresado su confianza en que la Mesa de las Cortes tome "la decisión más sensata" y revierta el acuerdo de la semana pasada. De no ser así, acudirá al Tribunal Constitucional en un plazo de tres meses a partir de hoy. El procurador ha criticado la decisión de la Mesa, basada en un informe "bastante sonrojante" y con sospechas de parcialidad, calificándola como arbitraria e inconstitucional.

El político ha enfatizado que esta situación va más allá del reparto de asignaciones y se trata de defender el derecho de representación de los ciudadanos. Ha acusado al presidente del Parlamento de hostilidad y parcialidad hacia él, mostrando una animadversión política y personal. Igea también ha solicitado las actas de la reunión de la Mesa y ha pedido tiempo para una respuesta positiva.

El procurador ha argumentado que se está vulnerando el derecho de los ciudadanos a ser representados, reafirmando que el concepto de transfuguismo es exagerado según el Tribunal Constitucional. Ha recordado que el pacto antitransfuguismo busca evitar la desestabilización en la política, algo que, según él, no ha ocurrido en su caso. Igea ha defendido que los partidos no deben controlar la vida parlamentaria por encima de los representantes elegidos por los ciudadanos.

En cuanto a su expulsión de Ciudadanos, Igea ha argumentado que fue resultado de críticas internas a su partido y no por haber alterado la voluntad de los electores o su programa electoral. Afirmó que la Constitución respalda su postura.