La Guardia Civil de Burgos ha llevado a cabo una importante operación durante los meses de agosto y septiembre, incautando más de 49 kilogramos de picadura de tabaco y elaborando 17 actas denuncias. Estos envíos detectados entre particulares, realizados a través de agencias de paquetería, carecían de las debidas precintas oficiales y marcas fiscales, lo que supone un riesgo para la salud de los consumidores, ya que se desconoce su origen y trazabilidad. Fuentes del Instituto Armado han informado sobre esta situación preocupante.
La Comandancia de la Guardia Civil de Burgos tenía conocimiento de un mercado paralelo en aumento, donde se estaba llevando a cabo la venta y envío de tabaco de forma fraudulenta mediante agencias de paquetería. Esta información se confirmó con las múltiples quejas recibidas por el sector del comercio de tabaco legítimo, que ha sufrido importantes pérdidas económicas debido a esta actividad ilegal.
El Destacamento Fiscal y Fronteras de esta Comandancia inició semanas atrás inspecciones en los establecimientos de distribución de paquetería en la provincia, recopilando información relevante. Como resultado de estas verificaciones, se han incautado 49 kilogramos de tabaco en formato de picadura. Los paquetes, de alrededor de un kilogramo cada uno, estaban cuidadosamente presentados en bolsas de congelación y envasados al vacío. Todos carecían de las precintas oficiales y marcas fiscales, lo que infringe la Ley Orgánica 12/1995 sobre reprensión del Contrabando, y su venta y distribución entre particulares está prohibida.
La Guardia Civil ha levantado un total de 22 actas denuncia dirigidas a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y al Comisionado de Tabaco como consecuencia de estos hechos. El tabaco en picadura pasa por un proceso de secado, desvenado y picado antes de ser consumido, y al desconocerse su procedencia y trazabilidad, existe un posible riesgo adicional para la salud, ya que en algunas plantaciones de terceros países se emplean pesticidas nocivos de manera incontrolada.
Este tipo de comercio paralelo constituye un fraude y escapa a cualquier control de las autoridades sanitarias, lo que puede tener graves consecuencias para el consumidor. Además de ser una acción clandestina, esta forma de venta sin control viola los derechos de un sector que ejerce su actividad legítimamente y provoca grandes pérdidas anuales en la industria tabaquera.
Para este tipo de infracciones, que pueden ser constitutivas de delito, se prevén sanciones económicas que, en su grado mínimo, implican una multa de 2.000 euros.