La defensa de Jorge M.S., un militar dominicano acusado de violencia de género, ha presentado un recurso de apelación que aún no ha sido resuelto, solicitando que su cliente comparezca de manera presencial en el juicio. El tribunal competente para decidir este asunto es la Audiencia de Valladolid, que deberá determinar si el acusado es obligado a manifestarse en persona o si se le permite hacerlo por videoconferencia.

Este conflicto se ha llevado a cabo en el Juzgado de lo Penal número 2, donde el abogado del acusado argumentó que la apelación presentada ante la Audiencia Provincial no ha sido decidida, tras haberse desestimado un recurso anterior. Como resultado, logró que la juez suspendiera la vista oral programada inicialmente para el jueves, a la espera de una resolución sobre la apelación.

La solicitud de suspensión fue considerada razonable por la jueza, quien también escuchó las opiniones de la fiscalía y el abogado de la acusación particular. Ambos no manifestaron oposición a la dilación del juicio, prefiriendo evitar posibles nulidades en el futuro. De este modo, la nueva fecha del juicio queda fijada para el 11 de septiembre a las 09:30 horas.

El acusado, que asistió a la audiencia mediante videoconferencia desde la prisión militar de Alcalá de Henares, enfrenta una sentencia de hasta dos años y diez meses de prisión por presuntos delitos de coacciones, maltrato y acoso hacia su expareja, quien también era pareja del hombre que fue apuñalado por celos el 14 de enero en Viana de Cega.

Los cargos de maltrato se habrían cometido la misma noche del asesinato, mientras que los de acoso y coacciones datan de un año antes, cuando el acusado y la denunciante ya no mantenían una relación. Según las denuncias, uno de los incidentes tuvo lugar en la vivienda del acusado en Valladolid y otro en la vía pública de Viana de Cega.

El abogado de la denunciante, que ha sido sustituido recientemente, había calificado los hechos como un delito de acoso y otro de maltrato, solicitando inicialmente penas que sumaban un total de 21 meses de prisión, además de restricciones sobre el acercamiento y la comunicación con la víctima durante dos años y un año, respectivamente.

El juicio estaba programado para el 30 de enero, pero se suspendió tras invocarse una nulidad que pedía retrotraer el proceso al momento de la formulación de los escritos de acusación. Esta solicitud fue finalmente desestimada.

Desde el 15 de enero, el acusado se encuentra en prisión provisional sin derecho a fianza, de acuerdo con el auto emitido por el Juzgado de Instrucción número 5, actuando en este caso el número 4. En su primera comparecencia judicial, optó por ejercer su derecho a no declarar.

En la causa por asesinato están involucradas la Fiscalía y dos acusaciones particulares, así como la Asociación Defensa Integral Víctimas Especializada (Adive), que se ha sumado como acusación popular. Esta asociación ya participó en el caso del tiroteo de Santovenia de Pisuerga, ocurrido el año pasado, donde un vecino fue asesinado por otro, además de un guardia civil que intentó negociar su entrega.